Mientras el peronismo y el Gobierno siguen con la pulseada por los dos lugares que están vacantes en la Corte Suprema de Justicia, el radicalismo comienza a aparecer en escena y comenzó a reclamar al Gobierno que se avance con la designación de jueces, fiscales y defensores públicos para cubrir las vacantes que están pendientes en el Poder Judicial.
Está claro que la discusión para cubrir las vacantes en la Justicia forma parte de la negociación que la Casa Rosada debe encarar con la oposición si tiene la intención de normalizar la integración de la Corte luego de que fracasara el intento por nombrar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, y fueran rechazados sus pliegos en el recinto de la Cámara Alta.
Por ahora, el presidente Javier Milei no habló de nuevos candidatos para reemplazar a Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, quienes dejaron el máximo tribunal al llegar a la edad jubilatoria.
En este contexto, el senador Maximiliano Abad puso en agenda la situación del Poder Judicial Federal ante la cantidad de vacantes existentes y destacó la importancia de avanzar con los nombramientos, así como con el fortalecimiento de la infraestructura, para asegurar el funcionamiento adecuado del sistema acusatorio.
Puntualmente, el senador se refirió a los 184 cargos de jueces nacionales y federales que están vacantes, que si se incluye a las fiscalías y defensorías oficiales supera los 200 puestos, sin mencionar los lugares que van quedando por funcionarios judiciales que se jubilan. Además, en este punto, el radicalismo también pide la implementación del sistema acusatorio.
En el reciente informe de gestión que presentó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se anunció que el sistema acusatorio se debería haber comenzado a aplicar en el distrito de Mar del Plata, Bahía Blanca y CABA. En caso de la Ciudad hay que aclarar que el Gobierno tiene plazo hasta agosto de 2025. Esta reforma es clave para atender las causas vinculadas con el narcotráfico. «Si no hay infraestructura y recursos para el fortalecimiento de la justicia todos los anuncios del Gobierno son un biri biri porque las causas no van avanzar», advirtió a Clarín un legislador con llegada a los tribunales de Comodoro Py.
En el Congreso sospechan que la intención del Gobierno es empezar a enviar los pedidos de acuerdos del Senado en tandas reducidas. Y en cierto modo es algo que quedó reflejado en el informe que presentó Francos en el que precisa que se enviarán los pedidos de nombramientos de jueces y fiscales de Santa Fe, Rosario y San Nicolás. En total serían unas 30 vacantes a cubrir.
Pero la misión no es simple porque estos cargos son parte de la negociación política. «El Gobierno tiene que generar acuerdos para designar a los jueces y fiscales sino esta situación va a terminar siendo un negocio para los abogados penalistas que van a defender a las personas y las causas se van a trabar», apuntó.
Sin embargo, la cuestión de fondo sigue siendo la conformación de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo a lo confiado por fuentes legislativas, el peronismo, que es la llave para destrabar las designaciones de jueces y fiscales, mantiene su plan de avanzar con un acuerdo global, que incluya las dos vacantes en el máximo tribunal como así también el resto de los cargos que están desiertos en el Poder Judicial.
Al parecer siguen las conversaciones subterráneas entre José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria, y el oficialismo, pero no trascendió si logran avanzar en un acuerdo. En este escenario, el peronismo insistió con que están abiertos al diálogo aunque mantienen la máxima de Cristina Kirchner de que uno de los dos lugares que están sin ocupar en la Corte debe ser para una mujer propuesta por la fuerza opositora mayoritaria.
Además, en Unión por la Patria van comenzando a descartar la posibilidad de avanzar en una ampliación de la Corte, que era una de las opciones que habían planteado los dialoguistas para destrabar la negociación, con una conformación de 7 ministros. Pero según dejaron trascender, a Santiago Caputo, el asesor estrella del Gobierno, no le termina de cerrar la propuesta porque sospecha que Milei podría quedar disminuido frente al poder del máximo tribunal.
Entre los aliados hacen otra lectura de la jugada de la Casa Rosada. «Estamos yendo a un proceso electoral y el oficialismo va a esperar un cambio en la composición del Congreso con la intención de sumar más legisladores para definir los próximos pasos y no volver a caer en el error de Lijo y García-Mansilla», señaló un senador del espacio dialoguista que aseguró que «nadie quiere hablar ahora de la Corte».
