USHUAIA.-La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional el 21 de enero pasado genera tensiones políticas, reclamos laborales y preocupación en uno de los sectores clave de la economía fueguina: el turismo. Además, podría dirimirse en la Corte Suprema de Justicia.
Ángel Brisighelli, presidente de la federación que reúne a los empresarios turísticos de la zona, advirtió que la principal preocupación radica en las consecuencias de la disputa política entre la gestión provincial y los funcionarios designados por la Casa Rosada.
“Lo que inquieta es la pelea política y cómo eso puede afectar la dinámica del puerto a futuro”, sostuvo Brisighelli en Radio Provincia.
El gobierno de la provincia, a cargo de Gustavo Melella, ha mantenido una postura crítica frente a la intervención, sobre todo, por la falta de información oficial por parte de los interventores. Y ahora recurrió a la Justicia para retomar el control.
El interventor es Iñaki Miguel Arreseygor. Fue designado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) para encabezar la intervención operativa y administrativa. Junto con él, designaron hace algunas semanas a Fernando Ariel Polizzi, alineado con el senador nacional Agustín Pedro Coto (La Libertad Avanza). Polizzi estaba antes al frente del PAMI fueguino.
El vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Miguel Ramírez, denunció “un avasallamiento” y fue crítico de la intervención. “El balance que hacemos de estos meses es sumamente negativo. Es un avasallamiento y una intervención de facto que tuvo la Nación con falsedades y con inventos sobre situaciones que el puerto no tenía”, dijo a LA NACION.
Ramírez remarcó que el puerto tenía su certificado de operación normal e incluso avanzaba trabajos en forma conjunta con la Nación para futuras reparaciones. “Esto demuestra que la intervención viene por lo que el puerto de Ushuaia significa, y el posicionamiento geopolítico. En la mitad de la temporada entró gente que no tenía idea sobre cómo manejar un puerto, tiraron por la borda la confianza que supimos construir desde la pandemia, que nos costó muchísimo poder recuperar. Fuimos el único puerto que sólo canceló una temporada”, dijo.
“Decir que hay un puerto intervenido genera incertidumbre que hace sonar alarmas en operadores turísticos, que por supuesto lo está capitalizando Chile. Por eso también es un balance negativo. Acá hay incertidumbre, no hay comunicación ni contacto con la gente de la intervención ni siquiera el gobernador, la vicegobernadora o nosotros como autoridades podemos ingresar al puerto, no dejan ingresar a legisladores ni a nadie, es una anarquía. Hay quejas por parte de los operadores y de los agentes marítimos de cómo son las operaciones, de los planos, que nosotros trabajamos con meses de antelación”, argumentó Ramírez su malestar con la intervención.
“Las empresas están pidiendo los certificados de desratización, que nosotros teníamos al día hasta diciembre, mes previo a la intervención. Ahora los están pidiendo las empresas por la situación de alarma sanitaria y todavía no les contestaron, lo que nos hace presuponer que no tienen certificados de estos meses, o sea de enero a la fecha”, advirtió Ramírez ante el brote de hantavirus que se originó por el paso de un crucero.
“Eso no significa que el hantavirus haya salido del puerto de la ciudad, pero sí que se redujeron al máximo todas las medidas de controles que estábamos haciendo: controles de equipaje, escaneo de maletas, controles de personas, de personal, de cámaras. Hoy la Prefectura Nacional Argentina también es cómplice de este avasallamiento y de esta irrupción, el prefecto mayor que está acá responde a órdenes nacionales y lamentablemente lo consideramos cómplice de esta usurpación”, denunció Ramírez.
La temporada que viene aparece como incierta: “Tenemos contacto con la Asociación de Líneas de Crucero de Gran Porte y la IATTO que operan turismo antártico, pero hay incertidumbre sobre cómo se va a operar y quien estará a cargo de la operación en la temporada 2026-2027”.
Preocupa que el beneficio de lo que sucede perjudique las recaladas locales y que los barcos migren a Chile. “Hay empresas que ya eligen Punta Arenas por la incertidumbre que esto genera. Tenemos el buque Ushuaia que en vez de estar parando acá eligió Punta Arenas por la improvisación de gente que hoy tiene el poder, gente que avasalla. No en vano la intervención fue a las 12 de la noche, con patovicas. No siguieron los canales comunes o formales que suponiendo que estaba todo tan mal deberían haber seguido”, enfatizó Ramírez.
Autoridades portuarias afirmaron a LA NACION que el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego con su área legal, un estudio jurídico de Buenos Aires y personal propio hizo presentaciones ante la Corte Suprema sobre la intervención y la Fiscalía también estaría tomando intervención directa para defender los intereses de la provincia. “Tenemos el historial del puerto desde 1992 con la ley 24.093 de traspaso de puertos a la provincia. La Corte Suprema tiene el historial desde junio de 1992 de lo que hizo la provincia por el Puerto de Ushuaia”, señalaron.
El conflicto adquiere una dimensión aún más compleja por la situación de los trabajadores portuarios.
Desde el mismo 21 de enero, empleados del puerto denuncian que no han podido ingresar a sus puestos laborales, lo que derivó en un fuerte reclamo del sector. La falta de respuestas concretas ha ido incrementando el malestar, y en los últimos días surgieron advertencias sobre posibles medidas de fuerza que podrían impactar directamente en la operatoria.
La posibilidad de que el conflicto laboral escale preocupa tanto al ámbito político como al sector privado. El puerto de Ushuaia no solo es una infraestructura estratégica para la provincia, sino también un punto neurálgico para el turismo antártico y la actividad económica regional. Cualquier interrupción en su funcionamiento podría tener consecuencias en la llegada de cruceros, el abastecimiento y la imagen del destino a nivel internacional.
En este contexto, distintos sectores coinciden en la necesidad de avanzar hacia una instancia de diálogo que permita descomprimir la situación. La combinación de intervención nacional, falta de información oficial, conflicto con los trabajadores y tensión política configura un escenario de incertidumbre que contrasta con la normalidad operativa registrada durante el verano.
Por ahora, el Puerto de Ushuaia sigue funcionando, pero el foco ya no está únicamente en su capacidad operativa, sino en la estabilidad institucional y política que garantice su continuidad sin sobresaltos.
“Quieren manejar el puerto a 3 mil kilómetros, quieren el negocio, no les interesan el puerto ni los fueguinos”, denuncian los más críticos.
Por su parte, a pesar de no dar declaraciones ni entrevistas acerca de la intervención, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) oficializó el llamado a Licitación Pública 05/2026 para el recambio y renovación del sistema de defensas del muelle. Según se informó desde Buenos Aires a través de gacetilla oficial “la obra contempla la provisión y colocación de 75 nuevas defensas, en reemplazo de equipos deteriorados, con roturas y diferencias de tamaño que actualmente impiden su correcto funcionamiento, particularmente en los sitios 3 y 5”.
El anuncio realizado días atrás marca el inicio de una etapa de obras estructurales que, según la propia intervención, llega luego de “tareas iniciales de emergencia y mantenimiento que habrían permitido sostener la operatoria durante la temporada alta sin inconvenientes”.
Desde la ANPYN se aseguró que el financiamiento de esta obra proviene “íntegramente de los ahorros generados mediante el uso eficiente de los ingresos derivados de la propia operatoria portuaria”, pero no se brindaron precisiones sobre el volumen de recursos administrados desde la intervención ni sobre su asignación detallada, más allá de la promesa de mecanismos de licitación con acceso público.
Desde el entorno de la intervención sostienen que ninguna de estas obras estaba contemplada en el presupuesto previo del puerto. En este contexto, el inicio de las obras aparece no solo como un paso necesario para la infraestructura, sino también como un intento de mostrar resultados concretos tras cuatro meses de intervención en medio de las dudas sobre el manejo económico del puerto de Ushuaia.
