La Iglesia tiene razón cuando se preocupa por la pobreza. Sería extraño que no lo hiciera. Desde sus orígenes, el cristianismo ha puesto en el centro de su mensaje a los pobres, los enfermos, los marginados y los vulnerables. Una Iglesia indiferente frente al sufrimiento humano traicionaría su propia razón de ser.
Pero una cosa es preocuparse por la pobreza y otra muy distinta es comprender cómo se la combate. La diferencia parece obvia. En la Argentina, sin embargo, solemos olvidarla.
En los últimos días, las declaraciones de algunas de las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina sobre el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores sociales coincidieron con reuniones mantenidas entre dirigentes políticos, sindicales y eclesiásticos para analizar la situación social del país. Nadie puede cuestionar la legitimidad de esa preocupación. Lo que sí merece discusión son las conclusiones que algunos pretenden extraer de ella.
Porque existe una vieja confusión argentina; una tentación recurrente en la vida pública de nuestro país: la de creer que la pobreza se resuelve distribuyendo riqueza antes de crearla; la de imaginar que el problema consiste exclusivamente en la forma en que se reparte el producto social y no en la capacidad de una sociedad para producirlo; la de pensar que el crecimiento económico es una preocupación secundaria, casi un detalle técnico, frente a la urgencia moral de asistir a quienes más sufren.
Sin embargo, la experiencia histórica demuestra exactamente lo contrario: ninguna sociedad ha logrado reducir de manera duradera la pobreza sin antes generar riqueza. Ninguna.
No lo hicieron las naciones europeas que hoy admiramos por sus sistemas de protección social. No lo hicieron los países asiáticos que sacaron a cientos de millones de personas de la pobreza. No lo hicieron los Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva Zelanda.
La tragedia argentina consiste en que buena parte de quienes hoy expresan legítima preocupación por la pobreza acompañaron durante años políticas que contribuyeron a expandirla.
Primero crecieron. Después distribuyeron. Y no porque fueran egoístas, sino porque entendieron una verdad elemental: nadie puede repartir aquello que no existe.
La Argentina, en cambio, parece empeñada desde hace décadas en discutir cómo distribuir una riqueza que cada vez produce menos. Y cuando los resultados de esa estrategia fracasan, la respuesta suele ser siempre la misma: más subsidios, más transferencias, más gasto público, más Estado y más endeudamiento.
El resultado está a la vista: más pobres, más dependencia, más exclusión; más personas viviendo de la asistencia. Y menos personas capaces de sostenerla.
La tragedia argentina consiste en que buena parte de quienes hoy expresan legítima preocupación por la pobreza acompañaron durante años políticas que contribuyeron a expandirla.
Así se destruyó el ahorro, se castigó la inversión, se hostigó al sector privado, se multiplicaron regulaciones, impuestos y controles… ¡y luego se expresó sorpresa ante la falta de crecimiento!.
Es una lógica tan extraña como pretender aumentar la cosecha castigando al agricultor.
Por eso la Iglesia debe ser especialmente cuidadosa. Su misión consiste en recordar la dignidad de cada persona humana, denunciar la indiferencia y acompañar a quienes sufren. Pero no debería convertirse —ni siquiera involuntariamente— en caja de resonancia político partidaria de quienes confunden solidaridad con estatismo, asistencia con desarrollo o compasión con política económica y de quienes favorecen la anomia y la informalidad.
La caridad es una virtud. La creación de riqueza también. La primera alivia el sufrimiento inmediato y la segunda permite reducirlo de manera permanente. Una sociedad madura necesita ambas. Porque los milagros existen en los Evangelios. Las economías, en cambio, funcionan de otro modo. Nada se multiplica si antes no se produce.
Por eso, el verdadero tema que se afronta desde estas columnas no es religioso ni partidario. Es cultural.
