“Está todo muy movedizo”, resume un diputado libertario sobre el clima en la Cámara baja en la previa de la megasesión convocada por la oposición para rechazar el DNU 70/23. Sin embargo, los bloques impulsores ya anticipan una derrota. Es que, incluso en el mejor de los escenarios, el “poroteo” les da entre 120 y 123 adhesiones, por lo que todavía necesitan sumar entre seis y nueve voluntades para alcanzar el quorum.
Del lado del oficialismo predomina la cautela. Aunque confían en el respaldo de sus aliados, no descartan cambios de último momento y siguen de cerca a los gobernadores del norte, con influencia directa sobre las bancadas provinciales que podrían inclinar la balanza. Las negociaciones siguen abiertas y los más desconfiados sospechan, en particular, de una eventual concesión del Gobierno a la provincia de Salta.
Desde temprano, referentes de los bloques de Unión por la Patria (UP) y Provincias Unidas comenzaron a cuestionar el toma y daca entre el Ejecutivo y las provincias. En particular, pusieron la lupa sobre un anuncio del Gobierno para convocar a empresas mineras y operadores logísticos con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Belgrano Cargas en Salta y atraer inversiones privadas para reactivar sus ramales ferroviarios.
Las mismas fuentes descuentan que el gobernador salteño Gustavo Sáenz se hizo escuchar en la Casa Rosada después de elevar su queja por redes sociales.
“No podemos permitir que esos ramales sean opcionales; tienen que ser obligatorios, porque de eso depende el futuro y el progreso de nuestra querida provincia de Salta, y también de todo el norte argentino”, advirtió Sáenz, al destacar la importancia de las conexiones ferroviarias con Chile y Bolivia para el desarrollo regional.
En esa línea, el gobernador también hizo un llamado a los legisladores nacionales por Salta —tres senadores y siete diputados— y a los representantes del Norte Grande para que acompañaran su reclamo. “Estas obras no pueden ser optativas, deben ser obligatorias”, insistió, al tiempo que pidió dejar de lado los intereses políticos y partidarios.
No obstante, el apoyo de los salteños no es el único que la oposición buscó capitalizar para avanzar con la sesión en la que pretende rechazar el megadecreto y tratar, además, la prórroga de la emergencia en discapacidad y un proyecto para abordar la creciente morosidad y el endeudamiento familiar. También resultan decisivos los tres diputados de Independencia, el bloque tucumano que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, y los otros tres de Elijo Catamarca, alineados con Raúl Jalil.
Antes de que la Corte Suprema restituyera los límites a la venta de tierras a extranjeros, los diputados de Elijo Catamarca habían adelantado a LA NACION su intención de bajar al recinto. Sin embargo, tras el fallo, el bloque dejó en suspenso esa definición y optó por mantener el hermetismo sobre su postura.
A ello se suma la maniobra que ensayó ayer el oficialismo al incorporar dos artículos vinculados con la Ley de Tierras al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado.
El primero, el artículo 38, “deja sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023”, mientras que el segundo, el 39, restituye la plena vigencia de la Ley 26.737, que establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La jugada de los libertarios buscó no solo atender el reclamo de sus aliados de Pro y la UCR, que habían exigido al Gobierno una salida para restablecer los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, sino también contener a los sectores de centro que conviven en Provincias Unidas. Entre ellos figuran Gisela Scaglia y José Núñez, cercanos al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, además de Sergio Capozzi (Río Negro) y Lourdes Arrieta (Mendoza).
Frente a este escenario, el conteo de votos arroja 92 adhesiones de Unión por la Patria (UP), la totalidad de su bancada; 13 de Provincias Unidas; cuatro de los diputados misioneros de Argentina Federal, que ya anticiparon su rechazo al DNU por la desregulación de la actividad yerbatera; dos de la Coalición Cívica; cuatro de la izquierda; dos de San Luis y el respaldo de los monobloques de la cordobesa Natalia de la Sota y Marcela Pagano. En total: 119 avales. Los más optimistas se animan a pronosticar 123 apoyos.
De no abrirse este jueves el recinto, los libertarios ya oficializaron la convocatoria a una sesión para el próximo 21 de octubre, que incluye un ambicioso temario que abarca el reciente dictamen sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, junto con los proyectos de discapacidad, morosidad y vandalismo rural, entre otros.
