Las explicaciones patrimoniales de Manuel Adorni reactivaron en la oposición la intención de avanzar con su interpelación y, eventualmente, con una moción de censura. Diputados de distintos espacios políticos convocaron para el 23 de este mes a una sesión especial con el objetivo de debatir la activación de ese mecanismo.
El pedido de sesión lleva las firmas de referentes de Unión por la Patria (UP), la Coalición Cívica (CC), el Frente de Izquierda (FIT), la exlibertaria Marcela Pagano (Coherencia) y parte del interbloque Provincias Unidas, que volvió a exhibir divisiones internas. Acompañan los socialistas, el radicalismo crítico referenciado en Martín Lousteau, los jujeños alineados con el gobernador Carlos Sadir y, esta vez, también los cordobeses de Martín Llaryora, representados por Carlos Gutiérrez.
No acompañó ningún integrante del bloque de la UCR. Tampoco firmaron los santafecinos vinculados a Maximiliano Pullaro, Jorge Ávila, referente de Chubut, ni Lourdes Arrieta (Mendoza). También se mantuvieron al margen los diputados de Innovación Federal, espacio que reúne a legisladores cercanos a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones).
Pese al duro comunicado difundido en X, tampoco adhirió ningún dirigente de Pro. La cuenta oficial del partido calificó la conducta de Adorni como “una falta grave”. “Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”, sostuvo el texto.
Aunque en distintos sectores de la oposición consideran que existen razones suficientes para promover su apartamiento, Pro, la UCR y los bloques provinciales sostienen, por ahora, que la investigación debe seguir su curso en la Justicia y que la responsabilidad política última recae sobre Javier Milei.
De todos modos, una eventual moción de censura aparece hoy sin los apoyos suficientes para avanzar. El mecanismo exige la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras: al menos 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. Mientras los bloques satélites del oficialismo se nieguen a acompañar esa estrategia, esos números lucen inalcanzables.
Silencio interno
Adorni se convirtió en un problema no solo para el oficialismo, sino también para sus aliados de Pro y la UCR, que en privado exhiben un creciente hastío frente a lo que consideran desprolijidades evitables. La entrevista en la que intentó explicar la composición de su patrimonio provocó una reacción llamativa en el Congreso: un silencio público casi unánime.
Entre los legisladores libertarios nadie lo cuestiona abiertamente, pero tampoco hay voluntad de salir a defenderlo. Del otro lado, los bloques aliados observan la situación con fastidio y toman distancia.
En ese contexto, también se observan con atención los movimientos de los legisladores alineados con Patricia Bullrich, quien calificó la omisión de Adorni como “más que un error”. Damián Arabia compartió en redes sociales el festejo de cumpleaños de la ministra junto a una torta del Club Atlético Independiente. Sabrina Ajmechet, por su parte, la homenajeó con un mensaje llamativo: “Hay algo muy difícil de encontrar: una jefa cuyas decisiones te hagan sentir siempre representada, que lidera con convicción y que, una y otra vez, demuestra tener razón, incluso en las circunstancias más complejas”.
Entre los aliados, en cambio, el tema monopolizó conversaciones telefónicas y grupos de WhatsApp desde temprano. Palabras como “papelón”, “delirio” y “vergüenza” se repitieron con frecuencia.
“Es un boludo peligroso”, resumió un referente de Pro, que advirtió que a partir de ahora los acuerdos volverían a foja cero y que cualquier negociación deberá discutirse “ley por ley”.
“No puede ser que tus gastos en blanco tripliquen tu patrimonio”, sostuvo otro legislador experimentado, que reconoció el terreno fangoso en el que quedó parado el jefe de Gabinete.
El ministro de Economía, Luis Caputo, se preparaba para enviar formalmente al Congreso una serie de modificaciones a la ley de inocencia fiscal, el mismo régimen al que Adorni recurrió para exteriorizar patrimonio no declarado.
Los cambios, según explicó LA NACION, surgieron de observaciones realizadas por tributaristas y especialistas tras la implementación de la norma. Con esos aportes, el Ministerio de Economía elaboró un borrador que comenzó a circular entre bloques aliados con el objetivo de avanzar rápidamente en el Congreso.
Pero las explicaciones de Adorni alteraron el escenario. Varios legisladores ahora se muestran reacios a impulsar modificaciones sobre una herramienta que quedó asociada al caso del jefe de Gabinete.
“Lo de Adorni lo mató”, evaluó un dirigente de Pro. “La sociedad lo va a ver como un régimen de impunidad”, agregó.
Caputo buscaba introducir cambios para incentivar el uso del régimen por parte de más contribuyentes. Entre otras modificaciones, se proponía eliminar los límites de ingresos y patrimonio para ampliar el universo de beneficiarios; autorizar expresamente el uso de efectivo para la compra de inmuebles sin perder las ventajas del programa; permitir la corrección de errores y el pago de diferencias detectadas por ARCA dentro de un plazo de 15 días para evitar sanciones; establecer que la carga de probar irregularidades recaiga sobre el organismo recaudador y no sobre el contribuyente; y considerar la adhesión al régimen como un antecedente positivo frente a bancos y escribanos en materia de controles de lavado de dinero.
