La nueva querella en la causa por el presunto vaciamiento de YPF pidió apartar del caso al juez Ariel Lijo, a quien acusó de las demoras en el desarrollo de la investigación.
La causa tramita en el juzgado de Lijo desde 2006 y permanece desde entonces en etapa de instrucción.
Esta recusación es el primer movimiento impulsado por la asociación civil Integridad Republicana, que fue aceptada como querellante la semana pasada por la Cámara Federal. Ese rol le permite pedir medidas de prueba, cuestionar decisiones del juzgado e impulsar el expediente.
La presentación -que repasa el largo recorrido del caso- deberá ser analizada primero por el propio Lijo y luego, en caso de que no sea admitida y de que la querella insista, por la Cámara Federal.
En su escrito, la organización sostiene que el juez “decidió no decidir” porque omitió la realización de medidas pedidas por la fiscalía y no impulsó otras que permanecen inconclusas desde hace varios años. Un combo que, a criterio de la querella, configura las causales de “prejuzgamiento y pérdida de imparcialidad”.
Como ejemplo, menciona el ambicioso peritaje que el juez ordenó en 2016 para determinar si hubo una sobreexplotación de los recursos de la empresa, si existió una maniobra para vaciarla y si el ingreso de la familia Eskenazi a la compañía fue irregular.
“Dicho peritaje, transcurridos diez años, no ha finalizado ni terminará de hacerlo”, señala el texto, firmado por el presidente de la organización, Carlos Negri.
Otra de las medidas que aguarda cumplimiento desde hace años es un pedido de información a España sobre la quiebra de las dos empresas del Grupo Petersen que se hicieron de las acciones de YPF. Lijo lo solicitó en febrero de 2019, pero, marca la querella, aún no obtuvo respuesta.
“Basta recurrir a la Procuración para acceder a dicha información o que el actuario certifique las constancias obrantes en dichos actuados, que son de muy fácil acceso”, asegura la presentación.
De la asociación Integridad Republicana forman parte, entre otros, la exnúmero dos de la UIF durante el macrismo, María Eugenia Talerico; el radical Fabio Quetglas; la exdiputada del ARI Marcela Campagnoli y el expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires Alberto Garay.
En su escrito, Integridad Republicana también hace referencia a dos medidas propuestas por la Subprocuración del Tesoro. Una de ellas es un pedido de información al banco Credit Suisse para determinar si los fondos públicos que Néstor Kirchner sacó de Santa Cruz y depositó en ese banco fueron utilizados como garantía del préstamo que recibió el Grupo Petersen para su ingreso a la compañía.
“VS [por Lijo] se negó a oficiar al Banco Credit Suisse a fin de determinar si los fondos públicos de Santa Cruz fueron utilizados como garantía para el otorgamiento de créditos a un grupo económico privado”, dice el texto.
La otra medida que quedó en suspenso, solicitada también por el subprocurador Juan Ignacio Stampalija, fue incorporar al expediente dos declaraciones de la causa Cuadernos: las de los arrepentidos Víctor Manzanares, excontador de la familia Kirchner, y Ernesto Clarens, el financista que hacía de intermediario con los empresarios investigados.
La causa por el presunto vaciamiento de la petrolera nació en 2006 con una denuncia formulada por Elisa Carrió. La dirigente de la Coalición Cívica fue ensanchando el caso con ampliaciones, a medida que el caso sumaba capítulos.
Hoy, la causa tiene al menos tres ejes centrales: la falta de control estatal sobre española Repsol, entre 2001 y 2011; el ingreso de la familia Eskenazi a la empresa, entre 2008 y 2011, y el giro de dividendos “inexistentes” hacia los accionistas, comprendido entre 2005 y 2012, año en que la compañía se estatizó.
