Tras conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme un fallo favorable a la cerealera Louis Dreyfus Company (LDC) por retenciones aplicadas en 2007 y 2008 con resoluciones que las incrementaron sin respaldo legislativo, la presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, reivindicó la oposición de la entidad al esquema de retenciones móviles de 2008 y pidió que el Congreso derogue el artículo 755 del Código Aduanero, que distintos gobiernos invocaron para modificar los derechos de exportación. “La Justicia nos vuelve a dar la razón”, dijo a LA NACION.
“Cuando desde la Federación Agraria y la Mesa de Enlace nos opusimos a la 125, no luchábamos solamente contra alícuotas exorbitantes, sino también por la defensa de las instituciones: los impuestos deben establecerse por ley del Congreso, no por decisiones discrecionales de un gobierno”, sostuvo Sarnari.
Cabe recordar que en los últimos días, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron la decisión en base al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para rechazar un recurso extraordinario de la Dirección General de Aduanas. Así quedó firme una sentencia de mayo de 2025 de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que declaró inválidas varias resoluciones ministeriales de 2007 y 2008, entre ellas la 125, y ordenó devolverle a LDC las sumas reclamadas, con intereses.
Según el criterio que adoptó la Cámara, el artículo 755 del Código Aduanero es constitucional, pero resulta insuficiente por sí solo para respaldar las medidas cuestionadas sobre las alícuotas. Ni ese artículo ni la Ley de Ministerios fijaban una escala, un piso y un techo u otro parámetro que permitiera determinar cuánto podía cobrarse. La Cámara consideró que, por su naturaleza tributaria, los derechos de exportación están sujetos al principio de reserva de ley.
Según pudo saber este medio, el importe se determinará en una liquidación final que se calculará en el Tribunal Fiscal de la Nación donde se originó la causa, para cada operación alcanzada por el fallo entre la diferencia entre lo efectivamente pagado y lo que habría correspondido pagar con una alícuota del 20% para el caso del trigo. A esa diferencia se sumarán los intereses conforme a las pautas fijadas en la sentencia.
Como se dijo, la Sala III señaló que ni ese artículo ni la Ley de Ministerios fijaban una escala, límites u otros parámetros para determinar las alícuotas, y que las resoluciones impugnadas tampoco habían recibido una ratificación posterior del Congreso.
En ese sentido, Sarnari vinculó la sentencia con el precedente de “Camaronera Patagónica”. “La Corte ya había sentado este principio en 2014, en el caso Camaronera Patagónica, y hoy queda firme una nueva sentencia que aplica ese mismo criterio. Es una reivindicación de aquella lucha histórica de los productores agropecuarios”, afirmó.
La titular de la FAA dijo que el caso reabre un debate que lleva décadas y planteó la derogación del artículo 755. “No puede ser que los productores, especialmente los pequeños y medianos, estén expuestos a cambios tributarios de un día para otro, ni que deban transcurrir décadas de juicios para que se respeten principios constitucionales básicos”, señaló.
“Derogar el artículo 755 permitiría eliminar una de las principales fuentes de controversia jurídica en esta materia”, sostuvo. Y agregó: “Nuestra posición sigue siendo la misma: las retenciones y cualquier otro impuesto deben discutirse y definirse en el Congreso de la Nación, mediante una ley, y no discrecionalmente por el poder ejecutivo”.
Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), consideró que la decisión de la Corte Suprema “brinda seguridad jurídica”. A su juicio, el fallo que quedó firme “sienta un nuevo precedente jurídico” y refuerza el criterio de que el Poder Ejecutivo requiere la intervención del Congreso para modificar los derechos de exportación.
Artículos clave
El artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación permite a la Corte Suprema rechazar un recurso extraordinario con la sola invocación de esa norma si considera que falta un agravio federal suficiente o que las cuestiones planteadas son insustanciales o carecen de trascendencia. En el caso de Louis Dreyfus, la Corte aplicó ese artículo para desestimar el recurso de la Aduana. Así quedó firme la sentencia de Cámara, sin un pronunciamiento del máximo tribunal sobre la validez de las retenciones cuestionadas.
En el caso del artículo 755 del Código Aduanero, este faculta al Poder Ejecutivo a aplicar, eliminar o modificar derechos de exportación para determinados fines, entre ellos proteger la producción nacional, estabilizar los precios internos o atender las necesidades de las finanzas públicas. En el caso de Louis Dreyfus, la Sala III consideró que el artículo era constitucional, pero que por sí solo resultaba insuficiente para respaldar las alícuotas aplicadas en 2007 y 2008, porque carecía de una escala, un tope u otros parámetros para fijarlas.
