La Cámara Nacional Electoral (CNE) le advirtió al Congreso que cambiar las leyes electorales en pleno período de comicios va contra los estándares internacionales en el tratamiento de las reformas al régimen electoral. Pareció sugerirle, de ese modo, que la eliminación o suspensión de las PASO se haga, si así lo requiere, antes de fin de año, ya que el próximo habrá elecciones en todo el país.
Según pudo saber LA NACION, lo que no quieren los jueces es que comenzado el año 2027 se produzcan cambios que impliquen una alteración del calendario electoral, sobre todo en una elección presidencial compleja, con numerosas listas, y donde no se definieron por ejemplo algunos asuntos, como la votación de las categorías de legisladores del Mercosur.
Por eso, si es que avanza una reforma, los jueces entienden que mejor que suceda ahora y no que el Congreso se aboque a esta tarea en las sesiones extraordinarias o recién en marzo próximo, cuando ya arrancó el calendario organizativo de las elecciones nacionales, señalaron fuentes judiciales.
En ese marco, la Justicia electoral pidió prudencia política a través del texto de la acordada, de ocho carillas, que firmaron los camaristas Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, por unanimidad.
Allí pusieron en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de que el eventual tratamiento y sanción de los proyectos de reforma al régimen electoral, de partidos políticos o de financiamiento de campañas “observe los estándares internacionales sobre la oportunidad de este tipo de modificaciones”.
“El plazo idóneo para introducir cambios es de entre seis y tres meses antes del inicio formal del proceso, para otorgar un tiempo razonable y suficiente, tanto a las autoridades electorales como a los actores políticos, de adecuar su propia reglamentación interna para armonizarla con la respectiva modificación legislativa”, dice el Manual para la Observación de Sistemas de Justicia Electoral de la Organización de Estados Americanos, citado por los magistrados federales.
El tribunal recordó que siempre mantuvo “un rol activo en la tutela de las condiciones institucionales” necesarias para garantizar la integridad del proceso electoral y mencionó numerosos precedentes donde se señalaba que alterar la estabilidad del marco legal durante un proceso electoral puede generar más perjuicios que beneficios.
Los jueces destacaron que los estándares internacionales en materia de integridad recomiendan que las reglas estructurales del sistema electoral no sean modificadas en la proximidad de los comicios, a fin de dar certeza a los actores políticos y a las autoridades encargadas de su implementación.
El tribunal subrayó que estas consideraciones fueron compartidas por especialistas nacionales e internacionales, magistrados y referentes políticos durante un seminario organizado en marzo de este año, con motivo de evaluar la implementación del sistema de boleta única que se utilizó por primera vez en las elecciones de 2025.
Frente a la existencia de diversos proyectos de reforma electoral en condiciones de ser tratados por el Congreso, y ante la proximidad del plazo recomendado por las directrices internacionales, el tribunal decidió dirigirse a las autoridades competentes “a fin de resguardar la previsibilidad y la integridad del proceso electoral venidero; de modo de asegurar el plazo razonable requerido, antes del inicio del año electoral, para la adecuada y efectiva aplicación de las reformas”.
No obstante, los camaristas aclararon que la acordada no implica “juicio de valor alguno sobre el contenido, la conveniencia político institucional o el mérito” de la reforma política, que es una cuestión privativa del Congreso Nacional.
