BRASILIA.- La corrupción volvió a convertirse la semana pasada en el problema central de la precampaña presidencial brasileña, y esta vez el golpe pegó con particular dureza sobre el propio presidente Luiz Inacio Lula da Silva.
Mientras la Justicia profundizaba el cerco sobre Fábio Luís Lula da Silva, “Lulinha”, el hijo mayor del presidente, fue revelado que uno de los colaboradores más cercanos de Lula en el Planalto había recibido dinero de la misma trama, y la oposición eligió exactamente ese tema -la corrupción- como bandera para octubre, con un candidato a vicepresidente que hizo de ese escándalo su marca personal.
Lo que a primera vista parece un round más de la interna judicial brasileña es, en el fondo, síntoma de algo más amplio, según analistas consultados por LA NACION. Creomar de Souza, socio fundador de la consultora de riesgo político Dharma en Brasilia, parte de un dato concreto: los escándalos de esta campaña -el caso del fraude del Banco Master, el fraude al Instituto de Seguridad Social (INSS)- no golpean a un solo bando, sino a los dos candidatos con más chances, Lula y Flavio Bolsonaro.
En una sociedad “polarizada afectivamente” como la brasileña, sostiene, ese dato no lleva a un balance racional de responsabilidades: cada electorado justifica lo que hace “su” candidato y condena como criminal lo mismo cuando lo hace el rival.
Ese reflejo, explica de Souza, convierte la denuncia de corrupción en un arma política eficaz más allá de su peso judicial real, y les da a los candidatos más rédito en señalar al otro que en discutir gestión: “Hay una recompensa electoral para señalar los problemas del otro sin hablar de los propios”.
La percepción no es exclusiva de los analistas. Según una encuesta de Atlas Intel, realizada en sociedad con Bloomberg y divulgada el jueves pasado, el 47% de los brasileños considera “muy probable” que salga a la luz un nuevo gran escándalo de corrupción en los próximos seis meses, contra apenas 14% que lo ve poco probable. El mismo relevamiento ubicó a la corrupción y a la seguridad pública como las dos principales preocupaciones del electorado de cara a octubre.
El martes pasado, el juez Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF), autorizó a la Policía Federal a abrir una tercera investigación contra “Lulinha” por presuntos negocios ilícitos en dependencias del gobierno, y ordenó además una investigación paralela por la filtración de datos de la causa.
Los dos casos anteriores -por tráfico de influencias en el Ministerio de Salud y en Dataprev, la empresa pública que administra los datos del INSS- ya estaban en marcha con otro juez, André Mendonça.
Todos se apoyan en la Operación Sin Descuento, que investiga el fraude a los jubilados a través del INSS -afectó a seis millones de beneficiarios, según cálculos oficiales- y apuntan a los vínculos de Lulinha con la empresaria Roberta Luchsinger y con el lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, detenido desde septiembre pasado.
El propio Lula ya había hablado del tema una semana atrás, al asegurar que su hijo “no tiene derecho a equivocarse”. “Si es acusado de cualquier cosa, será tratado como hijo de cualquier persona, como yo. No habrá ningún privilegio”, dijo Lula, al podcast Inteligência Ltda.
El caso, sin embargo, dejó de ser solo un problema del hijo del presidente. El martes pasado trascendió que Marco Aurélio Santana Ribeiro, conocido como “Marcola”, exjefe de gabinete personal de Lula y hasta entonces coordinador de agenda en la campaña a la reelección, había recibido un préstamo de 249.000 reales de la propia Luchsinger.
El PT había decidido inicialmente sostenerlo en el cargo, al no encontrar irregularidades en el préstamo, pero la presión pudo más: al día siguiente, Marcola pidió por su cuenta dejar el comité de campaña para evitar que el caso siguiera desgastando al oficialismo.
Para de Souza, el patrón no es nuevo: “Desde las crisis de 2013, la corrupción se convirtió en un fantasma estructural para el PT”, dijo a LA NACION. A su juicio, Lulinha y Marcola “son solo dos episodios más” de una tendencia que ya lleva más de una década.
Consultado por LA NACION, el abogado de Lulinha, Marco Aurélio Carvalho, apuntó contra sectores de la Policía Federal, a los que acusó de actuar “al servicio de intereses político-electorales”.
Apenas un día después de la decisión de Dino, Flavio Bolsonaro -senador e hijo del expresidente preso- presentó a su vice: el diputado por Alagoas Alfredo Gaspar, relator de la comisión parlamentaria que investigó el fraude al INSS y pidió la imputación de más de 200 personas, entre ellas la prisión preventiva del propio Lulinha. La elección llegó después de agotar otras opciones: Flavio no logró cerrar alianzas con partidos del Centrão y sondeó sin éxito nombres femeninos, como la exministra Tereza Cristina y la economista Daniela Marques.
“Lulinha, Marcola y las fraudes del INSS tienen que discutirse en la campaña”, dijo Gaspar a la CNN Brasil, anticipando lo que será un estrategia de campaña de la oposición.
Pero la elección también presenta costados incómodos para la fórmula opositora. Flavio es investigado por la Policía Federal por haberle pedido dinero a Daniel Vorcaro -el banquero preso y dueño de Banco Master- para financiar Dark horse, una película sobre la vida de su padre. Y Gaspar arrastra desde marzo una denuncia por presuntamente haber embarazado a una adolescente, hecha por rivales políticos. El caso llegó al STF, donde el juez Gilmar Mendes le dio 15 días a la senadora denunciante, Soraya Thronicke, para aportar pruebas concretas.
“La elección de Gaspar fue un bumerán. El bolsonarismo lo lanzó y ahora le está volviendo”, grafica el analista político André César, de la consultora Hold. Para Creomar, además, el costo no es solo judicial: ese pasivo pesa justo en el electorado donde Flávio “persistentemente rinde mal”, el femenino.
Los números ya se están moviendo. Según la última BTG/Nexus, divulgada esta semana tras la convención partidaria que formalizó la candidatura de Flávio Bolsonaro, la ventaja de Lula en primera vuelta cayó de nueve a apenas cuatro puntos -41% a 37%-. En el balotaje, la diferencia se redujo de cuatro a dos puntos, y el rechazo a ambos quedó empatado en 49%.
Entre Lula y Flavio, la pulseada por la corrupción todavía no tiene ganador, resume César: “Es un 0 a 0 clásico, con un gol que puede llegar en el último minuto.” Y advierte que la definición puede no estar tan lejos. Evalúa como un escenario probable que los dos bandos todavía guarden material sensible para largarlo “en el momento justo”, antes de la primera vuelta, prevista para el 4 de octubre.
Creomar va más allá y ve algo más profundo: tener a los dos principales candidatos bajo sospecha de corrupción -a uno de forma directa, al otro por interpósita persona- expone una crisis del propio sistema político, con un modelo vigente desde el fin de la dictadura. Su pronóstico no es alentador: “El escenario más probable es una elección pesada, marcada por ataques muy bajos de lado a lado y por la negativa, tanto de Flavio como de Lula, a debatir efectivamente temas importantes”.
