La Justicia de San Juan impuso una multa de $1 millón a cada uno de los conductores involucrados en maniobras que provocaron daños en la reserva. Además, ordenó al Ministerio de Turismo, Cultura y Ambiente avanzar con medidas de restauración y mayor vigilancia en la zona.
La Justicia de San Juan condenó a dos turistas por los daños ocasionados en la Pampa de El Leoncito y les impuso una multa de $1 millón a cada uno. En paralelo, dispuso que el Estado provincial refuerce la protección de esa reserva natural para evitar nuevos episodios similares.
Las resoluciones fueron dictadas por el juez de Paz de Calingasta, Andrés Leónidas Justino Troche, quien entendió que ambos conductores infringieron el artículo 187, inciso 4, de la Ley 941-R, que sanciona a quienes ponen en peligro de destrucción bienes del patrimonio cultural o natural de San Juan. El primero de los hechos ocurrió el 28 de marzo de 2026, cuando Nicolás Andrés Terluk fue denunciado por realizar maniobras bruscas con una camioneta Ford Ranger gris en un sector donde se desarrollaba un evento.
Según los testimonios incorporados a la causa, circuló a gran velocidad entre vehículos y personas, dejando huellas profundas y marcas circulares sobre el terreno. Dos días después, el 30 de marzo, Guido Fernando Sicoli fue interceptado tras efectuar trompos y derrapes con una Ford Raptor roja; testigos señalaron que levantó grandes nubes de polvo y puso en riesgo a familias y ciclistas presentes en el lugar. Durante el proceso, el conductor reconoció haber realizado esos giros a velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora.
La resolución también ordenó oficiar al Ministerio de Turismo, Cultura y Ambiente y a los organismos competentes para implementar medidas urgentes de restauración ambiental, reforzar la vigilancia y desarrollar acciones de prevención y educación ambiental en la zona. Troche advirtió que, pese a la cartelería que prohíbe este tipo de maniobras, la Pampa de El Leoncito continúa expuesta a la imprudencia de algunos conductores y recordó que la protección del ambiente constituye un deber constitucional.
Los informes periciales agregados al expediente concluyeron que la circulación de vehículos sobre este sector, también conocido como Barreal Blanco, provoca compactación y remoción de la capa superficial del suelo, genera huellas permanentes, acelera la erosión hídrica y eólica y compromete la estabilidad del ecosistema. Los especialistas advirtieron que, por la fragilidad del terreno, la recuperación natural de los daños podría demandar varias décadas.
