Diez exsenadores bonaerenses de la Unión Cívica Radical, el PRO y la Coalición Cívica deberán presentarse a declarar la semana próxima en los tribunales penales platenses en la investigación sobre “ñoquis” y punteros políticos que operan en el Senado provincial y que es conocida como “Chocolate II” o “Chocolates en el Senado”.
La maniobra que se investiga consistía en nombrar empleados falsos en la Legislatura bonaerense, los llamados “ñoquis”, y quedarse con una parte de sus sueldos.
Los dirigentes políticos deberán declarar entre el lunes y el miércoles próximos, según reveló TN, ante el fiscal de La Plata Juan Menucci, quien busca determinar quiénes designaron a los titulares de las 39 tarjetas de débito bajo sospecha, a quiénes reportaban y qué vínculo mantenían con Hugo Santiago Muguerza y María Josefina Ortellado, la pareja que fue registrada operando esas tarjetas en los cajeros del Banco Provincia.
La pesquisa comenzó como un desmembramiento de la causa que tiene a Julio “Chocolate” Rigau y decenas de “ñoquis” de la Cámara de Diputados bonaerense, luego de que LA NACION detectara en 2024 la presencia de esos dos operadores en los videos del Banco Provincia y lograra identificarlos como Muguerza y Ortellado.
Las cámaras de seguridad habían registrado a Muguerza y Ortellado concurriendo a los cajeros durante las mismas madrugadas en las que operaba Rigau las tarjetas de supuestos empleados de la Cámara de Diputados.
Incluso fueron registrados saludándose y conversando con Chocolate Rigau. Ese hallazgo permitió detectar un segundo circuito de tarjetas, esta vez correspondiente al Senado bonaerense.
A diferencia de “Chocolate” Rigau, vinculado al entramado político del Frente Renovador, Muguerza y Ortellado integraban el circuito político del PRO y la Unión Cívica Radical.
Muguerza además es un histórico militante radical de La Plata y llegó a desempeñarse como funcionario de la gestión de Julio Garro en la Municipalidad de La Plata.
La investigación de LA NACION había revelado además que entre los titulares de las 39 tarjetas aparecían familiares y personas vinculadas al entorno político platense.
Algunos de los titulares que posteriormente declararon como testigos dijeron que trabajaban políticamente para Muguerza y describieron tareas de militancia territorial.
En ese contexto, el fiscal Menucci dispuso el 9 de este mes citar a audiencia como testigos —y, por tanto, con obligación de declarar la verdad— a los exsenadores Yamila Araceli Alonso, Nadia Moirano y Érica Revilla, quienes deberán presentarse este lunes. Un día después deberán comparecer Agustín Máspoli, Elisa Carca y Marcelo Daletto. Y el miércoles, Joaquín de la Torre, Owen Fernández Farguharson, María Lorena Mandagara y David Hirtz.
Todos ellos deberán responder si trataron con Muguerza, Ortellado o alguno de los 39 titulares de las tarjetas del Senado, que en su mayoría milita para el radicalismo platense, y todos ellos también se encuentran imputados en la pesquisa que instruye la Fiscalía desde hace dos años.
Los senadores (mandato cumplido) se sumarán así a los secretarios de los bloques políticos del Senado bonaerense que ya declararon en la Fiscalía, en tanto que Muguerza, Ortellado y los demás imputados todavía no fueron indagados.
Asimismo, contadores de la Procuración General ultiman un peritaje sobre los movimientos de todas las cuentas sueldo de los titulares de las 39 tarjetas con el objetivo de detectar transferencias y otras operaciones que permitan reconstruir la ruta del dinero y determinar quiénes terminaron recibiendo esos salarios.
La citación de los diez senadores provinciales se conoció horas después de que trascendiera que los diputados provinciales aprobaron archivar los expedientes administrativos que había requerido la fiscal Lacki y el juez de Garantías, Guillermo Federico Atencio, mediante una “orden de presentación” para determinar qué legisladores designaron a los “ñoquis” cuyas tarjetas utilizaba “Chocolate” Rigau para cobrar sus salarios en cajeros del Banco Provincia. En otras palabras, la Legislatura votó ocultar la información a la Justicia.
La renuencia de los diputados bonaerenses a colaborar con la Justicia tampoco resultó novedosa. También alcanza al Senado provincial, que jamás trató —ni siquiera para su rechazo— el pedido de desafuero de la entonces senadora Flavia Delmonte, investigada en Dolores por el presunto desvío de fondos públicos a través de personas que figuraban como sus asesores.
El episodio vuelve a poner bajo la lupa la colaboración de la Legislatura bonaerense con las investigaciones judiciales sobre el supuesto uso de empleados legislativos y sus salarios para financiar estructuras políticas.
Mientras la Cámara de Diputados bonaerense acaba de archivar el expediente administrativo que la Justicia había requerido para identificar a los responsables de las designaciones vinculadas con el caso Rigau, la investigación sobre las tarjetas del Senado intenta avanzar mediante el testimonio de exlegisladores y el análisis de las cuentas bancarias.
Ahora, y ante el archivo que dispuso la Legislatura provincial del pedido, el juez Atencio dispuso remitir su respuesta a la Mesa de Entradas para que lo reciba y solicitó a la Fiscalía en turno que analice la “posible comisión de delitos de acción pública”.
