La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, rechazó hoy el pedido que le había elevado días atrás una ONG local para que revise y revoque el fallo por la expropiación de YPF, aquel por el que el país fue sentenciado a pagar una indemnización de US$16.100 millones más intereses a los fondos Burford y Eton Park.
El reclamo, al que los especialistas le asignaban muy pocas chances de prosperar, llegó a la magistrada luego de que la Procuración del Tesoro hubiera reiterado ante los tribunales internacionales “su voluntad de que se esclarezcan de una vez por todas los hechos que rodearon la adquisición de las acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi”, habian explicado entonces fuentes oficiales.
La denegación cierra otra puerta a los intentos (tal vez tardíos) por evitar la hipoteca que significó el procedimiento llevado adelante por la administración de Cristina Kirchner, al violar abiertamente estatutos de la petrolera, como en su momento se había advertido.
“Tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto”, llegó a decir Axel Kicillof en 2012, cuando estaba a cargo del Ministerio de Economía y defendió ante el Congreso esa decisión. Aquella declaración del actual gobernador bonaerense fue tomada por la propia jueza Preska como prueba de la irregularidad en lo actuado.
“Preska rechaza el pedido de RA4ARG de anular el fallo YPF”, informó el abogado y analista Sebastián Maril, experto en el caso, mediante un posteo en la red X en el que adjuntó una copia de la resolución judicial.
Consultado por LA NACION, Maril sostuvo que esta determinación de la jueza “era esperable”, aunque aclaró que es “apelable”.
“Eso si, si apelan no van a suspender el juicio hasta que salga la apelación -que puede tardar hasta un año-. Y las posibilidades de que ese reclamo sea exitoso son prácticamente nulas”, advirtió en su respuesta.
La ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG) sostuvo, a través del abogado Fernando Irazú, que la petición que habían elevado busca que el Estado argentino e YPF respalden los argumentos de la ONG. “Es fundamental que se reconozca la gravedad de la situación y se protejan los derechos de los argentinos”, afirmó.
En el juicio iniciado en 2015 por el modo en que la administración de Cristina Kirchner llevó adelante esa expropiación, la jueza Preska determinó que la Argentina debía indemnizar a los accionistas de YPF expropiados, excluyendo a la empresa de responsabilidad. La decisión fue confirmada en septiembre de 2023, cuando estableció la indemnización en 16.100 millones de dólares más intereses.
RA4ARG habia argumentado que la expropiación de YPF fue “un acto soberano” y que la indemnización impuesta es “excesiva”. Pero, fundamentalmente, había solicitado que se investiguen “posibles irregularidades en el proceso de nacionalización”.
Luego el Gobierno argentino se expresó dispuesto a colaborar en la investigación de posibles actos de corrupción relacionados con la expropiación de YPF, reiterando que la nacionalización fue un acto soberano y que la indemnización es desproporcionada.
Seguidamente, los beneficiarios del fallo, los fondos Burford y Eton Park, respondieron presentando a su vez escritos en lo que sostuvieron que la ONG “no presenta ningún argumento que demuestre que tiene un interés jurídicamente reconocible en las transacciones comerciales, la reestatización de YPF o los activos relacionados que están en el centro de este caso”.
Este recurso legal, ahora rechazado, formó parte de una serie de acciones judiciales y diplomáticas emprendidas por la Argentina para impugnar el fallo y evitar el pago de la indemnización, incluyendo intervenciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos y solicitudes de otros países latinoamericanos que han respaldado la posición del país.
