BRASILIA.– En la última semana de campaña, los jueces brasileños decidieron qué se podía publicar sobre un candidato, quién debía participar de un debate y hasta qué podía mostrarse en cámara. Lo hicieron con fallos individuales, desde dos cortes distintas, la electoral y el Supremo, y desautorizándose entre sí.
Brasil elige este domingo presidente en una carrera cabeza a cabeza, después de una campaña en la que la Justicia intervino como nunca desde el regreso de la democracia y con sus máximos jueces divididos en dos bandos.
“Llegamos a un nivel de decisiones monocráticas, contradictorias, conflictivas e imprevisibles que esconden una disputa de poder interna dentro del Supremo como nunca se vio”, dijo a LA NACION Leandro Gabiati, doctor en Ciencia Política y director de la consultora Dominium, que lleva 25 años en Brasilia.
El episodio más ruidoso fue el de la noche del jueves. A horas del último debate presidencial, que la TV Globo organizaba sin interrupciones desde 2002, una jueza del Tribunal Superior Electoral (TSE) designada por Luiz Inacio Lula da Silva prohibió, a pedido del PT, mostrar el atril vacío del presidente, que había avisado que no iría.
Poco después, Gilmar Mendes, el miembro más antiguo del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó sumar a Renan Santos, un candidato menor, crítico feroz del senador Flavio Bolsonaro, al que el presidente del TSE había dejado afuera. El senador denunció “censura” y se bajó. La emisora habló de “interferencia indebida” y canceló el debate.
No siempre fue así. En 2022, los ataques del bolsonarismo encontraron a la corte unida detrás del juez Alexandre de Moraes, entonces al frente del tribunal electoral, recordó Marco Antonio Teixeira, politólogo de la Fundación Getulio Vargas (FGV). Lo que quebró este año al STF no fue la elección, sino un escándalo: el del Banco Master.
La caída de la entidad de Daniel Vorcaro, investigada por fraude, expuso los vínculos del banquero con políticos y magistrados. Salpicó a Flavio, investigado por el dinero que le pidió, y también a Moraes, el juez que condenó a Jair Bolsonaro por intento de golpe: en el celular de Vorcaro aparecieron mensajes dirigidos a él que expusieron una presunta relación indebidamente próxima.
Cuando André Mendonça, uno de los dos jueces nombrados por Bolsonaro y colega de Moraes, llevó ese caso al pleno del Supremo, la sesión del 15 de septiembre terminó en un cruce de insultos y el tribunal quedó partido. Desde entonces, la pelea se trasladó a la campaña con más claridad. La semana pasada, una orden de Mendonça para borrar publicaciones que atribuían falsamente a Flavio la intención de quitarle a Nuestra Señora de Aparecida el título de patrona de Brasil fue anulada por un juez, repuesta por otro y recortada por el tribunal electoral.
Mendonça y Kassio Nunes Marques, el otro magistrado supremo designado por Bolsonaro, conducen hoy el TSE y lideran un ala del STF. En la otra, alineados con Moraes, Mendes y Flavio Dino revisan desde el Supremo las decisiones de un tribunal electoral que no integran. “No puede ser que cada ministro, como está pasando ahora, sea un Supremo”, dijo Teixeira, para quien la sociedad ya ve a la corte del país dividida en bandos.
La explicación para dicha división y diferentes decisiones que buscan favorecer o perjudicar a un candidato u otro no es necesariamente ideológica. “Más que una alianza entre jueces y el gobierno de Lula, hay acciones en defensa propia”, sostuvo Gabiati. Un triunfo de Flavio con un Senado afín abriría, por ejemplo, la puerta al juicio político de Moraes, dañando a uno de los grupos.
El botín judicial
Además, en la elección presidencial se definirá un botín concreto: el próximo presidente podrá nombrar a cuatro de los 11 jueces del tribunal durante la próxima administración. Por eso el razonamiento vale también a la inversa: si gana Lula, el ala de Mendes se consolida por décadas.
La cancelación del debate dejó a los dos favoritos, Lula y Flavio, sin cruzarse una sola vez. El presidente dio a la misma hora una entrevista a un podcast y dijo que espera ganar el domingo. Flavio, en cambio, convirtió el episodio en combustible: acusó al presidente de usar a “sus amigos en el Poder Judicial” y pidió un “voto de bronca” que le dé, además, la chance de nombrar a los próximos jueces del Supremo.
Los cuestionamientos a la corte fueron una de las principales consignas de la oposición en toda la campaña, y su programa incluye el juicio político a jueces como Moraes.
“La cuestión del Poder Judicial, en especial del Supremo, se transformó sin sombra de dudas en el gran tema de estas elecciones”, dijo a LA NACION Filipe Barros, diputado del núcleo duro bolsonarista y candidato a senador por el Partido Liberal (PL) por Paraná.
Con mayoría en el Senado, anticipa Barros, será “inevitable” abrir procesos de destitución contra los jueces que, a su juicio, abusan de su poder. Y cuando se le pregunta si la Justicia tiene hoy legitimidad para resolver una eventual disputa electoral, responde sin vueltas: “No, no tiene”.
Lula rechaza la acusación de que los jueces nombrados por él estén actuando para favorecerlo. “Nunca pedí un favor”, dijo el jueves en el podcast, y sostuvo que un presidente debe respetar la autonomía de cada poder. Aun así, se mostró dispuesto a discutir cómo se elige a los miembros de la corte y si deben tener mandato.
La última encuesta de Datafolha, difundida el jueves, muestra una elección trabada. Lula tiene 42% y Flavio 38%, mientras que ningún otro candidato supera el 4%. En votos válidos, el presidente llega a 45%, a cinco puntos de evitar la segunda vuelta. El 82% dice tener su voto decidido.
Por eso ni Gabiati ni Teixeira creen que el debate frustrado mueva la aguja. Para el balotaje del 25 de octubre, Datafolha marca un empate técnico: 48% a 45%. En 2022, Lula le ganó a Jair Bolsonaro por 1,8 puntos, la diferencia más estrecha desde el regreso de la democracia.
El mayor riesgo institucional podría estar precisamente en esa segunda vuelta. En Brasil la Justicia Electoral no solo juzga, sino que organiza la elección, la fiscaliza y proclama al ganador. De esta forma, el poder que se desgastó durante la campaña será el mismo que deberá resolver cualquier disputa y reconocer un resultado que puede ser mínimo.
El frente externo agrava la incertidumbre. Donald Trump dijo que sigue “bien de cerca” la elección. Si Washington pusiera en duda el resultado haciéndose eco de alguna contestación, la crisis podría escalar a un nivel regional, según analistas.
Gabiati advirtió que, si algún juez de la corte llegara a desconocer el resultado electoral, nadie sabe qué podría pasar. “Estamos en una situación límite”, dijo.
