Las palabras “los hombres pasan, pero las instituciones quedan”, de Jean Monnet, nos muestran con absoluta claridad que los hombres y las mujeres estamos de paso, son las instituciones del país las que perduran. Por eso debemos tener la capacidad de reconocer que, en un sistema republicano de gobierno como el que nos rige, los servidores públicos somos transitorios, son las instituciones las que permanecen, y por eso nuestro compromiso debe ser siempre propiciar más y mejor institucionalidad.
Y aquí cobra especial relevancia destacar la importancia que el Poder Judicial tiene en un Estado de Derecho, ya que es el poder contramayoritario que está llamado por la Constitución nacional para ser el contrapeso de los otros poderes del Estado. Tiene la función de controlar a los poderes políticos y eso genera una lógica e inevitable tensión, pero ese diseño constitucional garantiza justamente que la Justicia pueda ejercer esa función de contrapeso y control en un sistema republicano.
En este sentido, corresponde traer a colación un postulado que es inmanente para un eficiente y adecuado servicio de administración de justicia y es la necesidad de garantizar la independencia judicial. Debe dejarse de lado toda invocación de la independencia judicial como una consigna vacía o abstracta.
En primer lugar, una Justicia independiente es aquella capaz de decidir con autonomía, que asegure a las personas que tendrán la garantía de contar con magistrados capaces de resolver sus reclamos, al margen de toda injerencia o presión de los poderes políticos o fácticos. Solo así se podrá recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y, en especial, en la Justicia.
Y, en segundo lugar, cabe destacar una cuestión estrechamente vinculada con la independencia judicial: la necesidad de una real autonomía financiera del Poder Judicial, ya que no es posible un modelo serio de independencia cuando la Justicia debe someterse a la dependencia económica del poder administrador para obtener los recursos que requiere su normal funcionamiento.
Pero resulta necesario reflexionar sobre las causales de la crisis de credibilidad que están atravesando las instituciones republicanas en su conjunto. En el caso del sistema judicial, las causas son múltiples, algunas propias y otras exógenas, y por eso es imperioso, en primer término, actuar con madurez institucional y responsabilidad para resolver nuestros propios problemas.
Esta discusión es crucial y es una deuda frente a la sociedad, con la que se debe recuperar el vínculo, para mostrar una Justicia más cercana, en palabras de nuestro papa Francisco, porque ello es esencial para la convivencia democrática.
También es necesario alertar que, aprovechando esa crisis de credibilidad, existe una muy preocupante tendencia en numerosos países de la región a cuestionar y esmerilar la función esencial que el Poder Judicial y los ministerios públicos cumplen en un Estado de Derecho. Se trata de una propensión creciente que busca impugnar el sistema de garantías que rodea el ejercicio de la función judicial y que, permeando en diferentes ámbitos, va instalándose mediáticamente como un discurso que crea sentido y propone alternativas presentadas como democratizadoras, pero que, en realidad, solo buscan limitar la independencia judicial.
Se trata de un sutil proceso de erosión institucional, que busca debilitar las bases mismas de nuestro sistema de Justicia. Y aquí cabe pensar -hacia adentro y hacia afuera- a quienes beneficia un Poder Judicial y ministerios públicos débiles.
Por eso, en los tiempos actuales, profundamente alterados por la revolución que inexorablemente provoca la IA, con sus innegables beneficios, pero también con el riesgo que significa que los datos sensibles de las personas se concentren en pocas corporaciones privadas, en las que reina un ámbito de opacidad en todo lo atinente a los sesgos de sus algoritmos; en tiempos en los cuales las redes sociales nos imponen sus reglas y patrones para la convivencia ciudadana, implantándose la “cultura de lo efímero” y del “descarte”; allí es cuando más debemos bregar y luchar por tener instituciones fuertes, con plena vigencia de la división de poderes, y especialmente que se resguarde la independencia judicial.
Porque debemos tener muy presente que el fracaso de los países siempre proviene del fracaso de sus instituciones.
El autor es presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y juez federal de Cámara.
