No es un consuelo, pero en un contexto mundial de tanta incertidumbre, por la proliferación de guerras entre países, que la Argentina esté en una región prácticamente libre de conflictos armados no deja de ser una ventaja. Y por ser un país exportador neto de productos agropecuarios y alimentos ese dato debería representar una oportunidad para pensar en resolver los problemas y observar la película de largo plazo más que la foto del corto.
Está lo suficientemente estudiado que las guerras entre países y los conflictos internos son una de las principales causas del hambre en el mundo: migraciones forzadas y destrucción de las infraestructuras son algunos de los ejemplos de este escenario que ha azotado por décadas a la humanidad. Por el contrario, en las épocas de paz y prosperidad mejora la vida de las sociedades y, en consecuencia, la dieta de la población. Se puede tomar el caso de Vietnam que en el siglo pasado vivió una de las guerras más duras que atravesaron los países asiáticos. Hoy, ya pacificado, es el principal comprador de maíz argentino, por ejemplo.
Pese a la lejanía, las guerras tienen impacto sobre la realidad del agro argentino. El recrudecimiento de las hostilidades en Medio Oriente de las últimas semanas provocó una disrupción en el mercado de fertilizantes. Irán es el tercer exportador de urea, con 4,5 millones de toneladas vendidas en 2024, según datos de la corredora Stone X. A su vez, Israel redujo el suministro de gas a Egipto, lo que obligó a frenar su producción. No son buenas noticias para la campaña triguera que ya comenzó ni para la próxima siembra de maíz del ciclo 2025/26.
En ese contexto de incertidumbre y volatilidad de los mercados internacionales, en cuanto la Argentina más rápido despeje las incógnitas sobre el corto plazo mejor se podrán afrontar los cimbronazos que vienen de afuera.
El ejemplo de esto último lo vuelven a ofrecer, otra vez, los Derechos de Exportación (DEX). Faltan menos de diez días para que vuelvan a subir para la soja (al 33%) el maíz (12%) sorgo (12%) y girasol (7%). Cuando anunció la baja temporal en enero pasado, el Gobierno dijo que la reducción regía hasta el 30 de este mes. Como era lógico, la postergación de la rebaja hasta marzo de 2026 para los DEX del trigo y la cebada abrió las especulaciones para considerar que una demora semejante podría impulsarse para los granos gruesos. Aunque al cierre de esta edición no había realizado anuncios sobre el tema, la versión más fuerte, consignada por LA NACION, es que la rebaja se mantendrá para el maíz.
Pero así como se inició el período de las conjeturas, se abrió el de los reclamos. El más concreto fue de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) que, en una solicitada, expresó que “la producción de granos en el norte del país resulta inviable con la actual carga impositiva, principalmente por los DEX (retenciones)”. Además, advirtió que “este sistema malévolo de cobro de impuestos a los que producen bienes exportables, que son los que permiten el ingreso de divisas a nuestro país, solo está generando el quebranto y la desaparición de productores agropecuarios, con el consiguiente éxodo de las poblaciones rurales del NOA y NEA”.
Entre las cifras que dieron a conocer otras entidades, se destacaron las que presentó el Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina. Con las alícuotas de retenciones de enero, se “produciría una quita de recursos a los productores agrícolas de la Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) de aproximadamente 971 millones de dólares adicionales, estimados sobre una campaña similar a la última de 2024/25”.
Esa cifra es igual a que el Estado reciba por parte de los productores 1,8 millones de terneros (un 62% más que la producción total de Entre Ríos), a tener en producción 1,7 millones de hectáreas de soja y poco más de 10.000 tractores nuevos. Son datos que se presentan para ilustrar que los DEX representan una quita directa a la producción por parte del Estado.
El Gobierno argumenta que no están dadas las condiciones macroeconómicas para llevarlas a cero aunque ese sea su objetivo de largo plazo. Esta postura, más allá de los diferentes estados de ánimo que tengan los productores, más cercanos o alejados de la actual administración, tiene consecuencias concretas. Desde el punto de vista del campo, menos inversión. Y desde el punto de vista del Gobierno, un menor ingreso de dólares y menor impacto del agro en el crecimiento de la economía.
