La ofensiva legislativa del Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo frente de conflicto. Mientras la Casa Rosada intenta apagar el incendio político que amenaza con una moción de censura contra Manuel Adorni, la Iglesia Católica decidió meterse de lleno en la discusión por la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y lanzó una dura advertencia al Congreso.

A través de Cáritas, la Pastoral Social y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), la Iglesia reclamó a los legisladores que rechacen el proyecto impulsado por el oficialismo, al considerar que abre la puerta a la extranjerización de tierras estratégicas y pone en riesgo recursos fundamentales para el país.

La embestida eclesiástica no fue menor. En una carta enviada a diputados y senadores, las organizaciones católicas sostuvieron que la iniciativa “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos y de nuestros bienes comunes”, además de afectar el derecho de los pueblos a decidir sobre su propio destino.

El proyecto ya cuenta con dictamen favorable en el Senado, pero el oficialismo se vio obligado a congelar su tratamiento luego de comprobar que los votos para aprobarlo no estaban garantizados. La demora expuso una realidad incómoda para La Libertad Avanza: ni siquiera dentro de los sectores dialoguistas existe consenso para avanzar con una norma que despierta fuertes resistencias.

Según sus detractores, la ley elimina barreras para la compra de tierras por parte de extranjeros, incluso en zonas vinculadas a reservas de agua y recursos naturales estratégicos. También genera alarma la posibilidad de habilitar el uso inmediato de superficies afectadas por incendios, una restricción que hasta ahora funcionaba como herramienta de protección ambiental.

La Iglesia fue más allá y cuestionó que el proyecto reduzca la capacidad del Estado para ordenar el territorio, planificar obras públicas y resguardar intereses comunitarios frente al avance de grandes capitales privados, sean nacionales o extranjeros.

Para reforzar su postura, el Episcopado apeló a las enseñanzas del papa León XIV, cuya visita a la Argentina es mencionada por distintos sectores políticos para noviembre próximo. Citando al Pontífice, los obispos recordaron que el verdadero desarrollo no puede medirse únicamente por la acumulación de riqueza ni por indicadores financieros, sino por el bienestar integral de las personas y de los pueblos.

«La tierra, el agua y los recursos naturales no son simples mercancías», sostienen los religiosos. Por el contrario, afirman que constituyen bienes destinados al conjunto de la humanidad y que deben preservarse para las generaciones futuras.

Detrás del debate jurídico sobre la propiedad privada emerge así una discusión mucho más profunda: quién controla los recursos estratégicos del país, hasta dónde llega el interés privado y cuál debe ser el rol del Estado cuando están en juego la soberanía, el ambiente y el acceso a bienes esenciales.

Con la Iglesia plantada en la vereda de enfrente y los números todavía sin cerrar en el Senado, el Gobierno enfrenta un nuevo obstáculo en su intento de avanzar con una de las iniciativas más controvertidas de su agenda.