Después del revuelo generado por las acusaciones públicas contra el jefe comunal, Castro sacó una carta notarial de la galera y le dio a la mediática un plazo de 48 horas para retractarse de sus declaraciones.
La intimación, básicamente, plantea dos caminos: o aparecen las pruebas o aparece la retractación. Y, en caso de retractarse, deberá hacerlo en los mismos lugares donde se hicieron las acusaciones: las redes sociales. Es decir, que la próxima historia podría ser menos “polémica” y bastante más jurídica.
El escrito exige que, si Fernández sostiene sus acusaciones, explique con lujo de detalles qué delito le atribuye al intendente, cuándo ocurrió, dónde, cómo, con qué pruebas y, aparentemente, hasta con quién tomó el café el día de los hechos.
Porque decir “es corrupto” en Instagram puede llevar unos cinco segundos. Demostrarlo judicialmente, aparentemente, requiere bastante más que buena conexión a internet.
Desde el entorno del intendente también hubo respuesta. Su abogado, Marcelo Fernández Valdez, decidió meterse en el barro digital y utilizó las redes para advertirle a la mediática sobre las posibles consecuencias penales de sus dichos.
La explicación fue bastante directa: una cosa es ejercer la libertad de expresión y otra, según sostiene la intimación, hacer una imputación penal sin respaldo probatorio.
Así, lo que empezó con historias, acusaciones y cruces públicos fue tomando forma de expediente. Porque en San Juan, aparentemente, las historias de Instagram también pueden tener segunda temporada, pero esta vez con abogados, cartas documento y posiblemente menos emojis.
Ahora comienza la cuenta regresiva: 48 horas para que aparezcan las pruebas, llegue la retractación o se abra un nuevo capítulo de esta novela.
Y todo indica que, si esto sigue así, pronto habrá que dejar de mirar Instagram y empezar a consultar el Boletín Oficial.
