El fiscal federal Gerardo Pollicita investiga la versión que dio ayer Manuel Adorni, exjefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, sobre la compraventa de bitcoins con la que pretende justificar su crecimiento patrimonial y conseguir que se cierre la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito.
Esta mañana, como primera medida, Pollicita le dio intervención a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal con el objetivo de chequear, paso a paso, las operaciones con criptomonedas que dijo haber hecho Adorni. Busca constatar la veracidad de las compras y ventas informadas, y averiguar si hay rastros de que, como él dice, era el dueño de las billeteras virtuales al momento de esas transacciones.
Aunque el relato incluye aspectos poco verosímiles, para la fiscalía eso no basta para pedir de inmediato la indagatoria de Adorni y es preciso chequear en detalle su versión sobre cómo se enriqueció.
Este lunes, el exfuncionario presentó un escrito de “justificación de bienes” en el que sostuvo que no hizo su dinero durante su paso por la función pública, sino antes, pese a que fue estando en el Gobierno que, sin vender ninguno de sus bienes, se compró un nuevo departamento en el barrio porteño de Caballito y una casa de fin de semana en el country Indio Cuá, reformó integralmente ese inmueble, viajó con su familia y realizó gastos que no se condecían con sus ingresos declarados ni parecen estar justificados por la actividad profesional de su mujer, Bettina Angeletti, que se presentaba como coaching ontológica.
Para explicar este nuevo patrimonio, Adorni recurrió a supuestas inversiones secretas. Declaró que entre 2014 y 2017 destinó a comprar bitcoins unos US$200.000 que había ahorrado con su mujer y que nunca había declarado. Dijo que, como resultado de esas operaciones -según él, hechas con desconocidos y en lugares públicos-, pasó a tener US$591.544, dinero que atesoró en su casa, en efectivo, durante seis años en los que él y su mujer “optaron deliberadamente por ‘vivir como si no lo tuvieran” y guardarlos para sus hijos. Y alegó que, ya con él como funcionario, decidieron que gastarían la mayor parte de ese dinero para estar más seguros.
El problema central de este relato es que Adorni sostiene que todo se hizo en mercados informales, fuera de cualquier entidad financiera, con desconocidos, sin intermediarios y en negro. Como prueba de que esos bitcoins que dice haber comprado y vendido efectivamente fueron suyos, ofreció un acta de un escribano público que constató que Adorni tiene las claves para acceder a esas billeteras virtuales. “La sola tenencia de la clave privada hace a la titularidad de la billetera”, afirmó el abogado de Adorni, Matías Ledesma. Pero como el acta es de septiembre de este año, lo que acredita es que Adorni es quien dispone de esas billeteras ahora; no que fuera su dueño antes de asumir como funcionario, cuando fueron las operaciones.
Según la defensa, esta explicación, el acta y los registros de las operaciones son suficientes para explicar el nuevo patrimonio de Adorni y, en todo caso, deberá el fiscal demostrar que el acusado miente. Por el principio de inocencia -afirmó Ledesma-, “el deber de ‘justificar’ que se le impuso a Adorni no importa una inversión de la carga de la prueba” y rige el principio “in dubio pro reo”, que impone que, en caso de duda, hay que estar a favor del acusado.
Pollicita dio inicio ahora a una instancia de revisión de lo presentado por Adorni con especialistas en delitos económicos y expertos en criptomonedas. El proceso prevé que, si la fiscalía entiende que el exfuncionario no dio una explicación suficiente del nuevo patrimonio que exhibió como funcionario, le pida al juez —en este caso, Ariel Lijo— que lo cite a declarar en indagatoria como acusado de enriquecimiento ilícito.
