ASUNCIÓN.– La fiscalía paraguaya amplió este viernes la imputación contra el expresidente Santiago Peña para incluir el cargo de asociación ilícita, en la investigación por su responsabilidad en el colapso del Ueno Bank que perjudicó a millones de ahorristas.
Peña, que había asumido en 2023, fue destituido la semana pasada mediante un juicio político. La Fiscalía lo imputó inicialmente por lesión de confianza y administración en provecho propio, y un juez ordenó su prisión preventiva en una unidad militar en Asunción. También dispuso allanamientos a dos viviendas de su propiedad y a la residencia presidencial.
El Banco Central dispuso la semana pasada la intervención y disolución de Ueno por problemas de solvencia relacionados con préstamos a empresas vinculadas, lo que dejó a millones de personas sin acceso a sus cuentas. El expresidente fue accionista de la entidad matriz de Ueno hasta 2025.
Según indicó el medio abc, la ampliación de la imputación por presunta asociación ilícita fue también contra el expresidente del Banco Central (BCP), Carlos Carvallo, y el superintendente de Bancos del BCP, Holger Insfrán.
Carvallo ya está procesado actualmente por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio; e Insfrán por presunta lesión de confianza grave.
Estructura organizada
La Fiscalía presentó también imputaciones en el marco de la misma causa contra los exdirectivo del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González, quienes fueron detenidos este mismo viernes.
Los fiscales sostienen que los imputados conformaron una estructura organizada, integrada por funcionarios del Poder Ejecutivo y del Banco Central, para favorecer intereses vinculados al Grupo Vázquez, propietario del Ueno Bank.
“Desde la Presidencia de la República, Santiago Peña Palacios habría actuado como jefe de la estructura”, dice la imputación. “Habría impartido las directivas públicas e institucionales de no intervenir en la entidad, habría frenado mediáticamente las alertas de insolvencia y había recibido personalmente contraprestaciones ilícitas”.
El Banco Central intervino el Ueno Bank el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia, dejando a cientos de miles de clientes sin acceso a sus depósitos, una crisis que sacó a miles de personas a la calle en multitudinarias manifestaciones de repudio al gobierno.
Según reveló el abc,la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJPy) anunció que trabaja en un proyecto de ley de emergencia financiera, donde el Estado sea el garante de la devolución del dinero a las cajas jubilatorias, ante el riego de perder los fondos depositados en Ueno Bank.
Según los datos que manejan desde el gremio de jubilados, las cajas de jubilaciones y pensiones estiman que perdieron aproximadamente 700 millones de dólares tras el colapso del intervenido Ueno Bank.
A los 517 millones de dólares depositados por el Instituto de Previsión Social (IPS), se suman los fondos depositados por la Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi), los de la Caja Bancaria y los de la Caja de Jubilaciones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Peña permanece en prisión preventiva desde su destitución el 6 de noviembre mediante un acelerado juicio político. El vicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia para completar el mandato hasta 2028.
Agencias Reuters y AFP
