La decisión de retirar la tarjeta roja mostrada al jugador Folarin Balogun en el partido entre los Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina tras una dura falta sobre Tarik Muharemovic tenía como consecuencia de manera inequívoca la suspensión automática para el siguiente partido.
Bastó una conversación telefónica entre Donald Trump y el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, para que indisimulada y groseramente, por aplicación del artículo 27 del código de la FIFA, se le devolviera al jugador norteamericano la posibilidad de jugar el trascendente partido de octavos de final con el seleccionado de Bélgica, disputado anoche.
La reacción de Trump en sus redes sociales, agradeciendo a la FIFA por “revertir una gran injusticia” confirma lo que todo el mundo sospecha: la mala política cumple un rol determinante en las decisiones que se adoptan desde el principal organizador del Mundial de fútbol.
Lo resuelto por la Comisión Disciplinaria de la FIFA constituye una decisión injustificable que echa por tierra el concepto de fair play, además de sentar un nefasto precedente.
Como bien ha señalado la Real Federación Belga de Fútbol ¿Qué pasará a partir de ahora cuando un jugador de otra potencia económica o política reciba una tarjeta roja? ¿Tendrán los presidentes de Francia, España o la Argentina el derecho de llamar al celular de Infantino para negociar las suspensiones de sus jugadores en vísperas de una eliminación directa?
Infantino ha permitido que se cruce una línea de no retorno, provocando otro escándalo de proporciones mayúsculas comprometiendo la integridad del juego y la credibilidad de la competición que debe primar en todo evento deportivo.
Si el fútbol quiere seguir llamándose deporte no puede tolerar que una tarjeta roja se borre por teléfono. El fútbol se juega en la cancha, no en los despachos.
