WASHINGTON.- Apenas unas horas después de que la la abogada sudafricana Navanethem “Navi” Pillay, quien fue una de las primeras juezas de la Corte Penal Internacional (CPI), fuera galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz, el gobierno de Donald Trump impuso nuevas y severas sanciones al tribunal de justicia con sede en La Haya, con el objetivo de ahogar su margen de acción, y lanzó una fuerte advertencia de que podría “continuar su campaña para desmantelarla”.
“Trump nunca permitirá que la CPI procese a norteamericanos. Por eso, hoy, Estados Unidos está imponiendo sanciones a la CPI. Prohibiremos las transacciones con esta corte que actúa al margen de las normas, cortando sus recursos y paralizando su capacidad operativa”, señaló el secretario de Estado, Marco Rubio, mediante un comunicado que generó una fuerte condena de los socios europeos de Washington y del propio tribunal.
La presidenta de la CPI, la jurista japonesa Tomoko Akane, rechazó categóricamente las sanciones de Estados Unidos, advirtió que son un intento de “impedir que la Corte cumpla la función para la que fue creada” y las calificó como un “ataque contra el Estado de derecho y contra los cimientos mismos del orden jurídico internacional”.
La medida de la Casa Blanca se suma a la orden ejecutiva que en febrero del año pasado había firmado Trump con la imposición de sanciones a fiscales y jueces de la CPI por llevar a cabo acciones “ilegítimas e infundadas” que, según la Casa Blanca, amenazaban la soberanía y la seguridad nacional de Estados Unidos.
“Durante décadas, tanto republicanos como demócratas rechazaron la idea de que la CPI tuviera la facultad de procesar a ciudadanos estadounidenses, miembros de las Fuerzas Armadas o líderes políticos. Estados Unidos nunca se unió a la CPI. No la necesitamos. Y no la queremos”, remarcó en el duro comunicado el jefe de la diplomacia norteamericana, que incluyó dardos a los socios europeos de Washington.
“Pero a los ‘expertos’ globalistas, situados al otro lado del océano, no les importa lo que piensen los ciudadanos estadounidenses. Quieren que la CPI haga más, incluido el procesamiento de ciudadanos estadounidenses: militares que defienden a su país, agentes de la Patrulla Fronteriza que protegen a nuestra nación y líderes electos que velan por nuestra seguridad nacional. Quieren más poder, y lo quieren a nuestra costa”, explicó Rubio, en una clara referencia a Europa.
La Casa Blanca ya había mostrado sus reparos anteriormente por las órdenes de arresto de la CPI emitidas contra funcionarios israelíes por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, aliado de Trump, y por una investigación anterior sobre las acciones de soldados norteamericanos en Afganistán, un caso que la CPI ya cerró.
Netanyahu elogió a Trump y a Rubio por la “decisión crítica” de sancionar la CPI. “No es un tribunal. Es un organismo político que representa una amenaza mortal para las democracias respetuosas de la ley en todo el mundo y para la misma idea de soberanía nacional”, señaló la oficina del primer ministro.
“Nuestro mensaje es claro: Estados Unidos y su pueblo no están sujetos a la jurisdicción de la CPI. Ambos partidos coinciden en esto, pero solo Trump tiene la determinación de tomar las medidas necesarias para acabar con esta amenaza de una vez por todas. O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros terminaremos con la CPI”, advirtió Rubio.
“Esperamos que nuestros aliados —muchos de los cuales forman parte de la CPI y dependen de los militares estadounidenses para su defensa— frenen a la Corte. Si no lo hacen, Estados Unidos continuará su campaña para desmantelar la CPI, ladrillo a ladrillo, hasta que los estadounidenses dejen de estar amenazados”, agregó.
Repercusión
La medida de Washington generó una rápida reacción de la UE en defensa de la CPI. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, destacó al tribunal como la “piedra angular del sistema de justicia penal internacional”, y señaló que el período de seis meses antes de que entren en vigor las medidas ofrece una “ventana para el diálogo”.
En tanto, en una declaración conjunta, los ministros de Relaciones Exteriores de Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, los Países Bajos y el Reino Unido expresaron su “firme desacuerdo” a las sanciones de Estados Unidos y reafirmaron su “apoyo continuo e inquebrantable a la independencia, imparcialidad e integridad de la CPI”.
Rubio señaló que desde hace más de un año esperaban “gestos básicos de buena fe” de la CPI y que por ese motivo Washington actuaba “con prudencia”.
“Pospusimos esta designación [por las sanciones] por respeto a nuestras relaciones y con la esperanza de que la CPI cambiara el rumbo o fuera contenida por los Estados parte. Sin embargo, ni la CPI ni los Estados parte han tomado medidas significativas para abordar nuestras preocupaciones”, explicó el secretario de Estado, quien además dejó la puerta abierta para más medidas contra el tribunal.
“A pesar de su inacción, mantenemos la esperanza de una solución diplomática. Estructuramos esta medida para dar a los Estados parte la oportunidad de negociar y presentar una solución que responda a nuestras inquietudes. Si estos esfuerzos no dan fruto, continuaremos ajustando nuestras acciones en consecuencia”, planteó Rubio.
La CPI cuenta con 125 Estados miembros que han ratificado el Estatuto de Roma, entre ellos todos los países de la UE y los miembros de la OTAN, con excepción de Estados Unidos y Turquía.
Galardonada con el Nobel de la Paz, Pillay fue una de las primeras juezas de la CPI, creada en 2002 para perseguir a los responsables prominentes de los crímenes internacionales más graves. La abogada, de 85 años, presidió además la comisión de investigación independiente de la ONU que concluyó el año pasado que Israel -en su ofensiva contra el grupo terrorista Hamas en respuesta al ataque del 7 de octubre de 2023- cometió un genocidio en la Franja de Gaza.
El gobierno de Netanyahu rechazó el informe por considerarlo “escandaloso”, y este viernes fustigó el galardón a Pillay al considerar que legitima el “odio contra Israel”.
Tras conocerse la decisión del Comité Noruego del Nobel, Akane felicitó a la jurista sudafricana y consideró que el galardón supone un “reconocimiento” al papel de la justicia internacional como “piedra angular de una paz duradera”, en un ”momento de profundos desafíos”.
Actualmente, Pillay ejerce como jueza en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el caso en el que el régimen de Myanmar está acusada de genocidio a integrantes de minorías.
Tras enterarse de que había sido premiada, en medio de una lluvia de aplausos en Núremberg, Pillay lanzó una chicana al presidente norteamericano, quien esta semana -al igual que el año pasado- insistió en que debería ser galardonado con el Nobel de la Paz.
“Si aplauden un poco más fuerte, quizás comparta el premio con Trump”, bromeó Pillay, con una alusión indirecta a la anterior galardonada, la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, quien el año pasado le entregó la medalla de su galardón al presidente norteamericano en una visita a la Casa Blanca.
En su red Truth Social, Trump hizo un reposteo de la firma jurídica estadounidense Schoen Law Firm en el que afirmó que el Comité Nobel “se avergonzó a sí mismo de manera irreparable y rebajó el otrora gran Premio Nobel de la Paz al otorgárselo a Pillay”, a la que consideró como “una detractora sin tapujos de Estados Unidos e Israel”.
