BOGOTÁ.– “A mi no me gusta hablar de política, pero con las malas opciones que tenemos, Cepeda es el único que puede funcionar”, dijo a LA NACION una estudiante de medicina de 20 años sentada con el celular en la mano en el borde de una ventana de la Universidad Javeriana, en pleno Bogotá.
Hacia esa misma universidad se dirigía un martes de 1994 el ahora candidato oficialista y favorito en las encuestas para las elecciones presidenciales de Colombia del próximo domingo, Iván Cepeda, cuando se cruzó con los policías que investigaban la muerte de su padre, asesinado a balazos hacía pocos minutos en la Avenida de Las Américas.
Aquel día quedó registrado en un video. Cepeda, que entonces era un joven profesor de filosofía de 31 años y hoy es senador a los 63, aparece contenido y sin lágrimas, mientras le pide al entonces presidente Ernesto Samper que investigue el crimen de su padre, Manuel Cepeda Vargas, dirigente histórico de la izquierda colombiana y, por entonces, también senador.
Desde entonces, la vida de Cepeda hijo quedó atravesada por una misma causa, la denuncia de la violencia estatal. Primero desde los movimientos sociales y los organismos de derechos humanos, luego desde el Congreso y, más recientemente, como miembro del Pacto Histórico, la coalición que llevó a Gustavo Petro al primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. También fue uno de los principales impulsores y articuladores del fallido plan de diálogo con las guerrillas conocido como “Paz Total”.
Esa es, por ahora, la imagen de Cepeda en Bogotá. Un candidato que deberá intentar, al menos hasta el domingo, una maniobra difícil, despegarse de los errores del gobierno del que forma parte y de las falencias del plan dialoguista que él mismo impulsó, sin romper con la base electoral del petrismo ni diluir su propio perfil político.
El problema de la “Paz Total”
Tal vez por eso, el candidato oficialista ha evitado en su mayor parte entrevistas, debates y la delineación de un programa de gobierno claro, limitándose a exponer sus ideas y objetivos para Colombia a través de algunas pocas apariciones mediáticas y discursos públicos en los que condensa su propuesta con una frase prestada.
“Yo creo mucho en lo que dice Iván Cepeda, ‘por el bien de todos, primero los pobres’, aunque no me beneficie a mí directamente” dijo a LA NACION Juliana Cruz, licenciada en filosofía –al igual que el candidato–.
La frase, popularizada originalmente por el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, dice mucho de lo que pretende el candidato para la Colombia de los próximos cuatro años.
En primer lugar, indica la cercanía del plan de “Paz Total” que él mismo desarrolló con la estrategia de “Abrazos no balazos” del exmandatario mexicano, ambas con resultados negativos objetivamente innegables en términos de expansión y diversificación de los grupos armados, así como de escalada de la violencia en los países.
De hecho, al menos 52 combatientes murieron en enfrentamientos entre dos grupos guerrilleros que se disputan el control territorial de una región selvática del sureste del país, estratégica para la producción y el tráfico de cocaína, según informó el jueves una de las facciones rebeldes implicadas en los combates. Los enfrentamientos, los más violentos de los últimos meses, se produjeron en las selvas del departamento del Guaviare, reportó la facción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dirigida por Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá Córdoba”, que combatió con el grupo de Néstor Gregorio Vera, más conocido por su nombre de guerra como “Iván Mordisco”.
Sin embargo, el candidato ha asegurado planea mantener su estrategia si es electo, con la única condición de que los grupos armados no sigan asesinado a líderes sociales, algo que ocurrió en múltiples oportunidades durante esta campaña electoral, siendo el más notorio el caso del candidato presidencial Miguel Uribe, asesinado en Bogotá en agosto de 2025.
“Yo creo profundamente que la guerra, seguirnos matando, seguirnos armando, seguirnos violentando, no es de ninguna manera la solución. Pero también es ahí donde soy más crítica. Me pregunto mucho cómo Iván Cepeda piensa atacar el problema de la poca voluntad que tienen los grupos armados para dialogar”, completó Cruz.
¿Quién es Iván Cepeda?
“Cepeda siempre ha estado defendiendo la causa de las víctimas y no solamente de las víctimas de crímenes de Estado, sino de muchas otras víctimas en Colombia”, dijo a LA NACION Luz Marina Hache, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), una coalición de organizaciones sociales fundada en 2003, entre otros, por el propio Cepeda.
“Es una persona muy humana que, a diferencia de otros, uno sabe que lo que hace es porque está convencido de que es por ahí”, resumió Hache con una bufanda del candidato del Pacto Histórico colgada de un estante sobre su cabeza.
Desde su banca en el Congreso, primero en la Cámara de Representantes –desde 2010– y luego en la cámara alta –desde 2014–, Cepeda ejerció la presidencia de la Comisión de Paz y se convirtió en facilitador de los procesos de diálogo entre el gobierno colombiano y grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde 2013.
En 2016, el senador adquirió una nueva relevancia nacional al impulsar la inclusión de las organizaciones sociales en el diseño e implementación del Acuerdo de Paz firmado con las FARC.
Al mismo tiempo, a partir de un caso que se originó en 2012 cuando Cepeda intentó evidenciar presuntos vínculos del expresidente Álvaro Uribe con el paramilitarismo, el actual candidato se volvió una figura clave de los opositores al uribismo.
A partir de esta trayectoria, Cepeda intenta ahora despegarse de la sombra de Petro, que deja al país con una imagen positiva relativamente favorable –45,8% según la última encuesta de Invamer– y menos pobreza en términos cuantitativos, pero con una de las deudas públicas más altas de América Latina, un déficit fiscal del 6,4%, problemas estructurales en los sistemas de salud y educativo y un país preocupado por la violencia armada.
“Cepeda antes de ser político era una persona que investigaba violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas paramilitares y, en algunas ocasiones, de la alianza de fuerzas paramilitares con fuerzas estatales”, dijo a LA NACION Carlos Moreno León, profesor asistente del departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana.
“El perfil de Petro es distinto. Petro fue miembro de una de las insurgencias de Colombia, el M-19. Mientras que Cepeda, aunque pertenecía a las juventudes comunistas, nunca fue parte de un grupo insurgente”, sintetizó el experto.
Aunque Cepeda no ha presentado un programa de gobierno detallado, entre las principales propuestas que comparte con su compañera de fórmula, la líder indígena, también activista por los derechos humanos y senadora, Aida Quilcué, se encuentran la entrega de un millón de hectáreas de tierra, la ampliación de subsidios de 3 a 5 millones de adultos mayores y el endurecimiento de las condenas y la persecución de la corrupción en el Estado.
“Yo escogí a Cepeda porque confío en un proyecto político de cambio y renovación, que pueda superar los umbrales de inequidad, desigualdad, corrupción y demás dentro del país”, dijo a LA NACION un estudiante de 24 años –que prefirió el anonimato por miedo a tener problemas en su trabajo– de salida de su dormitorio en la CityU, el núcleo de residencias universitarias más grande de América Latina, ubicado en el centro de Bogotá.
“También creo que otros candidatos pueden ser un poco peligrosos para la estabilidad institucional y la confianza en Colombia”, agregó el joven en aparte referencia a Abelardo de la Espriella, el abogado penalista que, según las encuestas, podría ser quien le dispute a Cepeda la silla de la Casa de Nariño en una posible segunda vuelta.
En síntesis, el candidato de izquierda parece buscar apoyarse en un proyecto de “acuerdo nacional”, que reúna a los principales “sectores estratégicos” en una mesa de diálogo político ampliado para así profundizar las reformas iniciadas por el gobierno de Petro, como la pensional, la tributaria y la laboral.
“El principal desafío no necesariamente está en la popularidad de algunas propuestas, sino en su viabilidad fiscal e institucional. Colombia enfrenta un contexto de déficit fiscal elevado, menor crecimiento económico y fuertes restricciones presupuestarias, lo que limita la capacidad del gobierno para expandir significativamente el gasto público sin nuevas fuentes de financiación o mayores niveles de endeudamiento” explicó a LA NACION Eduardo Ruiz, analista de Control Risks.
