Exigir años de residencia para acceder a un empleo no es una política pública. Es discriminación legalizada. Bajo el pretexto de proteger a los habitantes locales, algunas provincias han decidido que un argentino vale más que otro según el tiempo que lleve viviendo dentro de sus límites. Es una lógica feudal: el trabajo para los propios, las oportunidades restringidas para los demás.
Resulta llamativo que quienes denuncian las barreras migratorias cuando afectan a argentinos en el exterior sean los mismos que, puertas adentro, promueven fronteras internas para impedir que otros compatriotas compitan por un puesto laboral. Lo que condenan afuera lo practican adentro.
El arraigo obligatorio es una trampa. No protege derechos; protege privilegios. No fomenta el desarrollo; bloquea la movilidad. No genera empleo; restringe el acceso a él. Es el recurso de una dirigencia incapaz de crear oportunidades y que, en lugar de agrandar la torta, decide repartir escasez mediante exclusiones.
La Constitución reconoce ciudadanos, no provincianos con distintos niveles de derechos. Ningún gobernador tiene autoridad moral ni jurídica para convertir una provincia en un club privado con admisión restringida, y menos en Santa Cruz y Neuquén.
Cuando el Estado le dice a una persona que no puede acceder a un trabajo porque llegó demasiado tarde, está castigando el esfuerzo, la iniciativa y la voluntad de progresar. Está transformando un derecho en una concesión política.
La historia demuestra que los pueblos prosperan cuando atraen talento, trabajo e inversión. Decaen cuando levantan barreras para proteger intereses sectoriales. Las sociedades abiertas crecen; las cerradas se estancan.
La Argentina necesita más libertad de movimiento, más competencia y más oportunidades. Necesita derribar fronteras, no inventar nuevas. Cada requisito de residencia previa es una señal de atraso. Cada barrera al trabajador que busca un futuro mejor es una derrota para la igualdad.
Llamar «arraigo» a lo que en realidad es exclusión no cambia su naturaleza. Sigue siendo discriminación. Sigue siendo una violación del principio de igualdad. Sigue siendo un ataque directo al derecho de cada argentino a construir su vida donde encuentre una oportunidad.
Ninguna provincia pertenece a quienes llegaron primero.
