Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitó su adhesión al régimen de regularización tributaria conocido como “inocencia fiscal” el 31 de mayo pasado, según consta en registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) obtenidos por este medio.
La constancia oficial −vigente hasta el 9 de julio− indica que Angeletti (CUIT 27-29865407-0) pidió acogerse a la Ley 27.799 para el período fiscal 2025, esquema que permite declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos.
La Ley 27.799 funciona como mecanismo de sinceramiento para contribuyentes que operaron en la economía gris. Quien se acoge evita sanciones penales y antecedentes, aunque debe regularizar sus declaraciones y contribuciones impositivas. No es un perdón fiscal absoluto, sino una normalización sin castigo. En el caso de Angeletti, la adhesión al régimen y su formalización simultánea en impuestos al valor agregado (IVA) y ganancias en octubre de 2025 sugieren que durante años operó sin registración tributaria plena.
El movimiento adquiere particular relevancia por la posición que ocupa Manuel Adorni. El jefe de Gabinete ha sido vocero central de la administración Milei en materia de políticas de transparencia estatal, control del gasto público y lucha contra la corrupción. Como portavoz oficial, fue el encargado de enfatizar el mensaje de austeridad y probidad. En ese contexto político, la regularización tributaria tardía de su entorno familiar −y específicamente de su cónyuge− genera una tensión narrativa evidente entre el discurso y la situación patrimonial del funcionario.
El desfase temporal entre el registro como autónoma y la formalización tributaria es sustancial. Angeletti figura registrada en actividad como trabajadora autónoma desde abril de 2017, bajo el rubro “actividades profesionales, científicas y técnicas”.
Sin embargo, la esposa de Adorni no formalizó su inscripción en IVA ni en el impuesto a las ganancias hasta octubre de 2025 −casi ocho años después−. Esa brecha significa que durante ese período operó sin emitir comprobantes fiscales, sin llevar registración contable obligatoria y sin reportar ingresos al fisco, a pesar de ostentar una inscripción teórica como autónoma. La situación plantea un interrogante claro: ¿cómo una trabajadora registrada desde 2017 permanecía fuera del sistema tributario hasta hace menos de ocho meses?
De acuerdo con la ARCA, Angeletti se encuentra categorizada como autónoma T2 −con ingresos desde $20.001 anuales− y presentó la solicitud de adhesión al régimen de inocencia fiscal el 31 de mayo de 2026. La constancia no detalla montos de regularización ni especifica qué activos fueron declarados bajo la Ley 27.799. Esa información permanece bajo secreto fiscal y no es accesible públicamente.
Lo que permanece desconocido es sustancial. No existe registro público sobre la magnitud de los fondos regularizados, el origen de esos ingresos, ni las razones específicas por las cuales Angeletti decidió sincerarse en 2025, año electoral de alto escrutinio sobre el patrimonio de los funcionarios. Tampoco se conoce si la adhesión respondió a una revisión voluntaria de conciencia, a asesoramiento fiscal reciente, a presiones mediáticas o institucionales, o a consideraciones de riesgo reputacional por su vínculo con Adorni.
El domicilio fiscal declarado figura en Avenida Asamblea 1132, piso 2, departamento A, ciudad de Buenos Aires. Se trata del domicilio que habitaba el matrimonio Adorni antes de adquirir el departamento en Caballito, por el cual pagaron US$30.000 en efectivo y tomaron una hipoteca de US$200.000 por parte de las vendedoras, dos jubiladas, según las constancias de la causa en la que se investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.
La familia Adorni ha sido objeto de cobertura investigativa previa respecto a su patrimonio, propiedades inmobiliarias y operaciones financieras. Cuando LA NACION consultó a Adorni sobre la situación fiscal de su esposa, no proporcionó comentarios.
