La Corte Suprema de Justicia convocó a conjueces para resolver si reabre la única causa por corrupción que incomoda al exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta por la construcción del Paseo del Bajo.
Tras debatir el asunto meses atrás, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosekrantz y Ricardo Lorenzetti no llegaron a una posición unificada, por lo que decidieron sortear a dos presidentes de las Cámaras Federales para que oficien de conjueces, de modo de llegar a una mayoría de tres votos.
Salieron sorteados los camaristas Alberto Dalla Vía, de la Cámara Nacional Electoral, y Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, de la Cámara Federal de Salta.
En esta causa fueron sobreseídos Rodríguez Larreta, el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, quien fue director general de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), Carlos María Frugoni; el exministro de Desarrollo Urbano y Transporte porteño Franco Moccia y la jefa de compras de AUSA Natalia Bustos, que firmó las licitaciones.
El nombre de Frugoni cobró notoriedad porque, tras dejar su cargo en la Ciudad, fue designado en el gobierno de Javier Milei, pero tuvo que renunciar envuelto en un escándalo.
En abril de 2026, Frugoni renunció como secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía cuando se descubrió que no había declarado ante la Oficina Anticorrupción ni ante el fisco al menos siete departamentos y sociedades offshore en Miami y West Palm Beach, en Estados Unidos.
Previo a este cargo, ocupó funciones en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) del gobierno de Milei y lideró brevemente la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte (Accspt).
El cierre definitivo del caso había sido dispuesto el 27 de octubre de 2021 por los camaristas Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, que no revisaron el fondo del asunto, sino que declararon “mal concedido” el recurso de casación presentado por los fiscales Alejandro Agüero Iturbe y Sergio Rodríguez.
El camarista de Casación Alejandro Slokar votó en disidencia, pues había considerado que la Cámara debía tomar el caso y analizar el recurso.
Con este fallo se había ratificado lo resuelto por la Cámara Federal en mayo de 2021, cuando los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens consideraron que no se produjeron irregularidades durante el proceso licitatorio de la obra y que no hubo un perjuicio al Estado por su ejecución o su adjudicación.
Rodríguez Larreta y Dietrich habían sido acusados de los delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por la adjudicación de uno de los tramos del Paseo del Bajo a la firma Iecsa, cuando todavía pertenecía a Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.
La denuncia señalaba que se había direccionado la licitación del tramo más caro de la obra (a un precio más alto del que supuestamente correspondía) para favorecer a la firma que pertenecía en aquel momento a Calcaterra, que había integrado una unión transitoria con la empresa Fontana Nicastro.
El juez federal fallecido Claudio Bonadio había sobreseído a Rodríguez Larreta y a Dietrich en diciembre de 2019, sin haberlos indagado.
En su defensa, los funcionarios habían presentado escritos en los que ratificaron que los procesos habían sido transparentes.
Bonadio había considerado que no fueron detectadas irregularidades en los procesos licitatorios y que los imputados no habían incumplido sus deberes como funcionarios públicos.
La fiscal del caso, Alejandra Mángano, y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, habían solicitado medidas de prueba que Bonadio no ordenó.
Por eso los fiscales apelaron y fueron acompañados por sus superiores, que llegaron con su impulso hasta la propia Corte Suprema de Justicia para reabrir la causa y decidir sobre la realización de medidas de prueba adicionales.
Los fiscales Mangano y Rodríguez sostenían que el cierre de la causa era una decisión “prematura”.
También fueron beneficiados con el cierre de la causa Frugoni, Moccia y Bustos, que había firmado las licitaciones.
La causa tuvo su origen en una denuncia del abogado Fernando Míguez, un frecuente denunciante en los tribunales federales, pero la PIA también aportó una investigación al expediente.
El informe de la PIA estaba basado en un estudio de la Auditoría General porteña, entonces a cargo de Cecilia Segura, del Frente de Todos.
Según ese informe, la supuesta manipulación del proyecto provocó que Iecsa resultara la adjudicataria del tramo C del proyecto, por 4480 millones de pesos. El presupuesto total de la obra fue de 8700 millones de pesos, y AUSA fue la firma encargada de las contrataciones.
Ante el planteo de los fiscales Mángano y Rodríguez para profundizar la investigación, los camaristas LLorens, Bertuzzi y Bruglia consideraron que con las medidas de prueba tomadas por Bonadio, entre las cuales había declaraciones testimoniales, e-mails y prueba documental, bastaba para sobreseer a los acusados.
Descartaron, además, que se haya alterado el orden de apertura de los sobres licitatorios para favorecer a Iecsa.
