Javier Milei afirmó ayer, en LN+, que solo este año su Gobierno “deportó 20.000 terroristas”, que se suman a otros 10.000 “echados el año pasado”, y dijo que “son gente que se infiltra de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino”. Pero las estadísticas oficiales no coinciden con lo relatado por el Presidente.
Lo que registra el Ministerio de Seguridad es que en lo que va de 2026 hubo 744 “expulsiones” y 18.947 “incidentes de entrada” de personas a las que por razones legales o meramente administrativas no se les permitió entrar al país. En ningún caso las estadísticas hablan de “terroristas”.
La versión del Presidente choca además con lo que dijo, hace un mes, el jefe de la SIDE, Cristian Auguadra, en el Congreso. Ante los legisladores que componen la Comisión Bicameral de Seguimiento de Actividades de Inteligencia, Aguadra negó que se hubiese registrado alguna amenaza terrorista concreta sobre el país.
Quiénes fueron los rechazados
El Ministerio de Seguridad registra que, desde diciembre pasado hasta agosto de 2026 incluido, hubo 18.947 “incidentes de entrada”. De esos casos, 8008 fueron encuadrados como “infracciones migratorias” (definidos por el Gobierno como casos de “falso turista, flagrancia, alertas”); 6298 fueron casos de personas rechazadas porque pretendían ingresar a la Argentina “sin documentación habilitante”; 4566 quedaron catalogados como “impedimentos judiciales (capturas, condenas, etc)”, 42 fueron rechazos por “residencia cancelada” y 33 por “documentación (falsa, adulterada, robada)”.
“La gran mayoría eran inmigrantes que no contaban con documentación y fueron invitados a retirarse”, explicó a LA NACION una alta fuente oficial en referencia a los expulsados e impedidos de ingresar al país.
Uno de los últimos casos se dio en Formosa, donde personal de Prefectura Naval interceptó a tres ciudadanos chinos sin documentos válidos para ingresar en cercanías al río Bermejo, a unos siete kilómetros de un paso fronterizo internacional con Paraguay. “Las reglas son claras: el que tiene antecedentes, documentación irregular o no cumple con los requisitos para entrar, no entra. Y el extranjero que delinque y tiene una orden de expulsión, se va”, afirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, hace diez días, al presentar los resultados de los controles migratorios, en el Aeroparque Metropolitano.
Anoche, en LN+, Milei también habló de supuestas amenazas en su contra, que ameritaron, según su visión, la “militarización” de la quinta presidencial de Olivos. Cambios que se efectivizaron hace dos semanas con el traslado de 15 empleados civiles y la toma del control de la residencia por parte de la Casa Militar, a través del número dos de esa fuerza, el coronel Fernando Tereso.
“Tengo algunos enemigos pesados en el mundo (…) los de acá son de vigésimo quinto orden, los pesados son los enemigos que me he granjeado internacionalmente”, dijo el primer mandatario, quien en su reciente paso por la Asamblea General de la ONU volvió a criticar a Irán, y reafirmó su alianza con Israel y los Estados Unidos.
A pesar de que desde el Gobierno afirman que en las últimas semanas el Presidente recibió una “amenaza de muerte” vía telefónica, de la que no se dieron más datos, el titular de la SIDE negó amenazas concretas contra el Presidente en su pasado encuentro con legisladores de distintos partidos, según afirmaron a LA NACION distintas fuentes al tanto de lo ocurrido en esa audiencia.
Durante esa reunión sí se habló de una presunta amenaza de muerte contra tres personas, entre ellas Diego Kravetz, número dos de la SIDE, por parte de la organización terrorista Hezbollah, financiada por Irán. Con sede central en Líbano y responsable, según la justicia argentina, de los atentados contra la embajada de Israel, en 1992, y la sede de la AMIA, en julio de 1994.
