En un controvertido giro del caso, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el expediente por la mansión de Pilar vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) vuelva a tramitar en la Justicia de Campana, como pretendían los investigados, Luciano Pantano y Ana Conte, presuntos testaferros de los dirigentes de la entidad deportiva.
Pantano es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de poco más de 2.000.000 de pesos. Su madre, Ana Conte, es jubilada. Durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses. Ambos figuran como propietarios de una fastuosa mansión, que entre sus prestaciones tenía un haras, una gran colección de autos -muchos de alta gama- e incluso un helipuerto propio. La sospecha es que, en realidad, la quinta pertenece a dirigentes de la AFA.
Fue un fallo dividido. La mayoría la conformaron los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. El otro integrante del tribunal, Alejandro Slokar, votó en disidencia.
La resolución determina que la causa vaya a la Cámara de San Martín para que a su vez ese tribunal la remita al juzgado de Campana. Es decir, el giro a la Cámara es solo temporario. La decisión, finalmente, la devuelve al juzgado que querían los aparentes testaferros.
Argumento
La intervención de Barroetaveña en esta causa fue cuestionada porque el camarista ocupó un cargo dentro de la AFA: hasta noviembre pasado fue presidente del Tribunal de Ética del organismo.
La causa -que con el correr de los meses fue ganando volumen y llegó a alcanzar a empresas vinculadas a la AFA- volverá así a manos del juez federal de Campana Adrián González Charvay, que intervino en el caso antes de que se abriera la disputa por la competencia.
El fiscal ante la Casación, Mario Villar, que se opuso a que el expediente regresara a Campana, podrá presentar ahora un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema, pero le espera un camino cuesta arriba porque la decisión que objeta no se trata de una sentencia definitiva.
Desde que se inició la causa, hace ocho meses, el expediente dibujó un verdadero laberinto judicial: nació en Comodoro Py, pasó a Penal Económico, luego a la Justicia de Campana -por una inhibitoria que presentaron Conte y Patano-, regresó a Penal Económico y ahora vuelve a Campana.
En todo ese recorrido opinaron tribunales de alzada, jueces de primera instancia, fiscales, los propios investigados y se conformaron dos grupos con posturas bien definidas: quienes opinaron, como el monotributista Pantano y la jubilada Conte, que la fastuosa quinta, por estar radicada en Pilar, debía ser investigada en Campana; y quienes, por el contrario, relativizaron la ubicación y consideraron que la mansión era apenas un elemento más y que detrás de ella se escondía una trama más compleja, que incluye la hipótesis de lavado.
La Casación hoy no desestimó esa hipótesis, sino que consideró que el eventual delito de lavado es federal y que por eso debe tramitar en Campana, por el principio del juez natural.
De esa discusión también formó parte la disputa por el domicilio de la AFA, fijado en los papeles en Pilar desde noviembre de 2024, aunque a nivel operativo la entidad siempre funcionó en el histórico edificio de la calle Viamonte, en el centro porteño.
En su primera gran intervención, la Casación había resuelto que debía ser la Cámara del fuero Penal Económico la que decidiera dónde quedaría radicado el caso. La Cámara lo hizo y sostuvo que el expediente debía quedar allí, en su fuero. Pero Pantano y Conte apelaron aquella resolución, la Casación admitió tratar su queja y ahora resolvió que el caso pase a Campana; revirtieron la decisión del tribunal al que ella misma había encomendado resolver la disputa.
El argumento que Barroetaveña y Borinsky plasmaron en el fallo de hoy es que no existe una ley que le adjudique automáticamente al fuero penal económico los casos sobre lavado de activos.
Entienden que el caso de la quinta no investiga una infracción tributaria o aduanera que justifique llevarlo hacia ese fuero de especialidad.
“Establecido entonces que el delito de lavado de activos es competencia federal y ceñido el caso a determinar la competencia entre el Juzgado Nacional en lo Penal Económico nro. 10 y el Juzgado Federal de Campana, queda por demás claro que es a esta última judicatura a quien corresponde continuar con la investigación de las presentes actuaciones”, dice la resolución.
Slokar, en disidencia
El camarista Slokar, que votó en disidencia, sostuvo que el planteo de Pantano y Conte no era admisible, porque la Casación no debe resolver cuestiones de competencia como estas y advirtió que no había elementos que avalaran hacer una excepción a esa regla. No obstante, Slokar coincidió con sus colegas en que los delitos contra el orden económico y financiero, incluido el lavado de activos, corresponden a la justicia federal y, por ende, a la Justicia de Campana.
El caso se inició como una investigación sobre la casaquinta, pero se amplió a partir de nuevas presentaciones formuladas por la Coalición Cívica, que extendieron el foco hacia empresas vinculadas a la AFA, entre ellas TourProdEnter, la sociedad que recaudaba el dinero de la entidad en el mundo y está ligada a Guillermo Faroni.
La decisión que devuelve ahora el caso a González Charvay fue adoptada después de una audiencia celebrada esta semana en los tribunales de Comodoro Py, en la que el abogado de Conte y Pantano, Mariano Morán, sostuvo que la investigación debía continuar en Campana y cuestionó su traslado al fuero Penal Económico.
Dijo que las ampliaciones eran “deformaciones”, que el caso había sido sometido a una “gran presión mediática” y que ellos no buscaban “elegir” al tribunal, como sí lo hacía la Coalición Cívica, que radicó la denuncia en Comodoro Py.
Hasta hoy, el caso tramitaba en el juzgado número 10 del fuero Penal Económico que subroga Verónica Stracia y, por primera vez, la investigación había sido delegada en la fiscalía.
Mucha de la prueba recabada en la causa y otros elementos que acompañaron al caso por fuera apuntan a la AFA, en especial, a Toviggino: autos de lujo cuyos gastos se pagaban con una tarjeta de la entidad; un bolso y una placa homenaje con el nombre del tesorero que fue encontrada en el lugar durante un allanamiento; un karting como los que usa su hijo, Máximo; la pintura de él junto a su padre que empleados retiraron antes del procedimiento; y un vehículo vinculado a Real Central —la sociedad de Pantano y Conte dueña de la quinta— que lo acompañó a los tribunales cuando fue indagado en otra causa.
