La nueva intentona respecto de una eventual candidatura de Cristina Kirchner, difundida públicamente por su hijo en un programa de streaming, vuelve a poner en evidencia una discusión que ya ha sido debidamente resuelta por las instituciones y no por las necesidades coyunturales de la dirigencia política. La expresidenta fue condenada a seis años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por haber cometido el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó esa condena.
Sin embargo, el sector más próximo a la exmandataria insiste con la posibilidad de su candidatura para 2027. Máximo Kirchner afirmó que su madre conserva la voluntad de volver a representar a quienes la apoyan y vinculó expresamente esa posibilidad con la presentación realizada por la exmandataria condenada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hay dirigentes que sostienen que Cristina Kirchner debería volver a competir electoralmente pese a la inhabilitación que recayó sobre ella. Parecen no entender la gravedad de los hechos ni importarles las leyes ni su aplicación. Anteponen su necesidad y sus gustos como si pudieran borrar con ello las consecuencias jurídicas de los graves delitos cometidos. Y, de paso, embarran la cancha provocando a un electorado cuya fatiga y hartazgo frente a la corrupción son harto evidentes.
La presentación ante la ONU merece el tratamiento que corresponde a cualquier recurso institucional, pero tampoco puede convertirse en una suerte de instancia política destinada a prolongar indefinidamente una controversia que ya atravesó todas las etapas de la justicia argentina. Actuaron fiscales, jueces y tribunales de distintas instancias. Hubo audiencias públicas, sobreabundancia de pruebas y siempre estuvo garantizado el derecho a la defensa.
Es perfectamente legítimo recurrir a organismos internacionales cuando alguien entiende que sus derechos fueron vulnerados. Otra cosa es presentar ese recurso como argumento para desconocer los efectos de una sentencia firme.
Convertir cada consecuencia de una condena en una nueva prueba de una supuesta persecución política solo busca mantener abierto indefinidamente un conflicto que ya no es jurídico, sino político
La eterna victimización, además, intensifica el agobio de los electores. Convertir cada consecuencia de una condena en una nueva prueba de una supuesta persecución política solo busca mantener abierto indefinidamente un conflicto que ya no es jurídico, sino político. El peronismo debería purgarse de las malas dirigencias y dar lugar a representantes valiosos y honestos, que no han de faltarle.
Tampoco ayuda a la calidad democrática sostener que una sentencia resulta objetable simplemente porque impide que una determinada dirigente sea elegida. El derecho de los ciudadanos a votar no supone que cualquier persona pueda presentarse para cualquier cargo con independencia de las condiciones establecidas por el orden jurídico.
En este punto hay que recordar la tan inexplicable como eterna deuda que el Congreso mantiene con la sociedad: la ley de ficha limpia. De sancionarse esa norma, que inhabilita a ser candidatos a cargos electivos o a ocupar funciones de gobierno a quienes cuentan con sentencia en segunda instancia, las intentonas como la mencionada se diluirían al instante. Su ausencia prolonga una discusión que debería resolverse mediante reglas generales. Una legislación de esta naturaleza no debería confeccionarse para un apellido ni contra un apellido. Debería establecer un estándar aplicable a todos aquellos que pretendan ejercer responsabilidades públicas.
Resulta difícil comprender por qué el Congreso no acelera una discusión tan estrechamente vinculada con la calidad de las instituciones y la transparencia de quienes administran los recursos de todos.
Resulta tan deleznable como temerario que la discusión sobre la responsabilidad de quienes ejercieron el poder termine desplazada por una permanente batalla alrededor de la figura de una dirigente. La transparencia no puede convertirse en una consigna que se exige al adversario y se relativiza cuando alcanza a los propios. También resulta nefasto que la política termine reducida a la búsqueda de fueros o a la construcción de candidaturas como refugio frente a las consecuencias de procesos judiciales.
Una sentencia vigente es un dato institucional. Una candidatura es una posibilidad política. Confundir ambas cosas solo contribuye a generar desconcierto entre los electores
El país necesita dirigentes capaces de discutir cómo gobernar, cómo administrar los recursos públicos y cómo garantizar transparencia. Necesita acuerdos entre quienes estén dispuestos a asumir esas responsabilidades sin convertir las instituciones en instrumentos de conveniencia personal.
Una sentencia vigente es un dato institucional. Una candidatura es una posibilidad política. Confundir ambas cosas solo contribuye a generar desconcierto entre los electores.
Los argentinos necesitamos menos operaciones alrededor de nombres propios y más compromisos verificables. Menos ambigüedad frente a la institucionalidad y más respeto por las decisiones judiciales. Y, sobre todo, una política que pueda construir acuerdos sin convertir la búsqueda de cargos, fueros o protección individual en el verdadero objetivo de la competencia electoral.
