El financista Elías Piccirillo, procesado con prisión preventiva en una causa que lo investiga por montar un falso operativo policial, ingresó este mediodía en una zona gris.
Su pedido para quedar en libertad o, en su defecto, cambiar el domicilio donde cumple la prisión preventiva, formulado el martes ante la Cámara Federal en plena feria judicial, no fue resuelto aún y se abren interrogantes respecto de quién deberá resolverlo.
Quienes escucharon al financista y a sus abogados en la audiencia del martes fueron los jueces Mariano Llorens y Roberto Boico, que integran la sala de feria. Según pudo averiguar este medio de fuentes al tanto del expediente, el primero emitió su voto el día posterior a la audiencia, pero el segundo todavía no se expresó.
Si Boico votara en disidencia con su colega durante el día, antes de que finalice la feria judicial de invierno, la Cámara deberá convocar al camarista Roberto Hornos, del fuero penal económico, para zanjar esa diferencia.
En cambio, si el planteo se resuelve la semana que viene, con el regreso de la actividad judicial ordinaria, la decisión podría quedar en manos de los jueces de la Sala II, Boico y Eduardo Farah.
Pero como Farah no estuvo en la audiencia del martes, existen dudas sobre si deberá resolver la Sala II o la de feria, con Llorens.
En estos casos, los plazos indican que el tribunal debe resolver una vez finalizada la audiencia, aunque los usos en los tribunales otorgan algunas horas más para la deliberación, y en “casos complejos”, un máximo de cinco días.
El reloj comenzó a correr el mediodía del martes, cuando se celebró la audiencia en la que Piccirillo y sus abogados solicitaron el cese de la prisión preventiva y, ante un eventual rechazo, autorización para cumplirla en un departamento de Núñez, en lugar de la vivienda de Banfield en la que se encuentra actualmente.
Los letrados de Piccirillo, Alejandro Montiel y Fernando Diez, insistieron el martes ante los camaristas en que Piccirillo se había mostrado siempre predispuesto a colaborar con la Justicia y que la idea de una posible fuga de su defendido era el resultado de una “interpretación mediática” de un video, en referencia a las imágenes que lo muestran trotando por el country durante los allanamientos.
Sobre Piccirillo pesa una grave imputación que combina privación ilegítima de la libertad, cohecho, transporte de estupefacientes y tenencia de armas, entre otros delitos. Está acusado de haber montado, a través de un expolicía y agentes de la Policía de la Ciudad, un procedimiento falso contra su exsocio Francisco Hauque, a quien supuestamente le debía cerca de seis millones de dólares.
El pedido formal que hizo Piccirrilo ante las autoridades judiciales es el cese de la prisión domiciliaria pero, como alternativa, pidió una modificación del lugar de cumplimiento de la domiciliaria para mudarse a Núñez.
La última parte de esa solicitud abrió una discusión en los tribunales: si los jueces que finalmente intervengan están habilitados para considerar una alternativa más gravosa, como el traslado de Piccirillo a una cárcel común.
