El punto central del conflicto es que una resolución nacional otorgó a Vicuña prioridad sobre gran parte de la capacidad disponible y futura de la línea de 500 kV que une Nueva San Juan con Rodeo. Esa decisión fue cuestionada por el EPRE, municipios, otras empresas mineras y organismos de provincias vecinas.
El EPRE sostiene que esa infraestructura fue financiada con fondos públicos y aportes de los usuarios sanjuaninos a través de las tarifas eléctricas. Por eso plantea que no debe quedar reservada casi exclusivamente para una sola empresa, sino que debe garantizarse el acceso para futuros proyectos mineros, energéticos y de desarrollo provincial. También reclama que quienes la utilicen realicen aportes económicos para su mantenimiento y expansión.
Según los antecedentes del expediente, la resolución nacional le otorgó a Vicuña una prioridad cercana al 90% de la capacidad remanente del corredor eléctrico durante un largo plazo, lo que despertó preocupación entre otras compañías mineras porque podría limitar futuras conexiones al sistema.
En la audiencia participaron representantes de Vicuña, del EPRE, de la transportista eléctrica Transener, de municipios como Jáchal e Iglesia, además de otras empresas mineras y especialistas energéticos.
En síntesis, la postura del EPRE puede resumirse en una frase: la línea de 500 kV debe servir al desarrollo de toda la provincia y no quedar condicionada prioritariamente a un único proyecto minero, además de exigir que se reconozca la inversión realizada por los sanjuaninos en esa infraestructura.
