Las elecciones realizadas para representantes de los abogados y abogadas en el Consejo de la Magistratura de la Nación, en las que triunfó la lista “Unidad en Defensa de la Abogacía”, y en las que obtuvieron un consejero, tanto “Abogacía Unida y Dignidad Profesional” como “Abogacía Federal”, constituyen una gran oportunidad para mejorar la justicia.
La reforma constitucional de 1994 permitió a los abogados y abogadas integrar el órgano encargado de seleccionar a los jueces, sancionar las faltas disciplinarias de éstos, promover su destitución y asegurar la eficaz prestación de los servicios de justicia.
El estamento de la abogacía tiene una particular relevancia dentro del Consejo que lo diferencia de los otros, no representa los intereses de la política partidaria que siempre puja por designar jueces afines, ni tampoco ampara privilegios de los jueces, es el estamento que está mas cerca de las ideas y sentimientos de la sociedad. Quiere que los jueces sean independientes y que resuelvan de acuerdo a la ley, sin interferencias políticas ni de sectores económicos, quiere que los jueces tengan comportamientos adecuados a su investidura, y quiere que los juicios sean rápidos y eficientes. Además, los abogados y abogadas tienen una ventaja adicional. Somos parte del sistema de justicia, estamos dentro de él, nadie como nosotros conoce de sus virtudes y falencias.
En momentos en que la Argentina padece un notorio deterioro institucional y una creciente desconfianza en la justicia, la abogacía puede contribuir a restaurar el vínculo de la justicia con la sociedad.
Para ello, es preciso que la selección de los aspirantes a magistrados sean por su mérito no por la discrecionalidad fruto de una negociación política. Sin dudas, esto fortalecerá la independencia. A la vez, los jueces deben relegitimarse frente a la opinión pública.
Con ese propósito, se debe sancionar un Código de Ética Judicial, para aplicar a los magistrados que tengan comportamientos impropios. Asimismo, es necesario terminar con la opacidad en el funcionamiento de la justicia, a través de estadísticas serias y confiables, que permitan elaborar, sobre esa base, medidas concretas para mejorar el servicio de justicia.
Para cumplir este cometido los representantes de la abogacía no estarán solos. Tendrán el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil, de los medios de comunicación y de las fuerzas políticas con conciencia republicana.
La lista Unidad caracteriza un modelo de gestión colegial, basado en el diálogo y en la búsqueda de consensos en procura de dos objetivos, defender a la abogacía y la justicia que la República se merece. El desafío está en marcha.
