SANTIAGO DE CHILE.– El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció el miércoles en un mensaje al país que impulsará un paquete de reformas en el Congreso para combatir el crimen organizado, una de sus principales promesas de campaña.
Kast, un abogado ultraconservador de 60 años, asumió el poder en marzo con el compromiso de poner en marcha un gobierno de “emergencia” que combatiera con mano dura la delincuencia y la migración irregular.
Chile es uno de los países más seguros de Latinoamérica, aunque los asesinatos y secuestros aumentaron en los últimos años con la llegada de grupos criminales extranjeros, como el venezolano Tren de Aragua.
Su tasa de homicidios fue de 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, el doble que hace una década.
“Son más de 30 proyectos, algunos ya en el Congreso (…) y otros que presentaremos en los próximos días, que van a cambiar la forma en que enfrentamos al crimen organizado en Chile”, dijo Kast en el mensaje televisado.
El presidente anunció que enviará una reforma para agregar en la Constitución “el deber” del Estado de resguardar la seguridad de las personas.
Eso “nos permitirá tener un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen. Pertenecer a una organización criminal va a ser, por sí solo, un delito con penas agravadas”, aseguró el mandatario.
Tras el anuncio, pronto le llegaron críticas desde la oposición.
“La reforma del Presidente Kast debe incluir levantarle el secreto bancario a los narcos, algo a lo que se han opuesto férreamente. Es incomprensible”, señaló la diputada de izquierda Gael Yeomans, del Frente Amplio, en su cuenta de X.
Promesas de mano dura
Kast ha visto la caída de su popularidad en las últimas semanas y ha sido criticado por la falta de resultados rápidos en su prometida política de “mano dura” contra el crimen, a casi cinco meses de haber asumido el cargo.
El mandatario pidió la renuncia de su primera ministra de Seguridad, la exfiscal Trinidad Steinert, tras solo 69 días en el poder.
En medio de la inestabilidad de su gabinete, “esto termina siendo una especie de golpe de timón del presidente (…) para señalar que, en el fondo, la casa está ordenada y el compromiso del gobierno se mantiene”, dijo a la AFP Rodrigo Espinoza, analista político de la Universidad Diego Portales.
Para combatir la delincuencia, Kast reiteró su intención de ampliar el periodo de retención de migrantes irregulares, cuyo plazo actual es de cinco días, y aumentar “la capacidad de expulsión efectiva” de indocumentados, sin entregar más detalles.
También dijo que endurecería las penas contra quienes capten menores para integrar sus bandas criminales y que ampliaría el plazo de flagrancia de delitos de 12 a 24 horas para facilitar las detenciones.
En una conferencia de prensa posterior, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que uno de los proyectos buscará crear “un listado concreto de las organizaciones criminales y terroristas” para “tener una vía más ágil para combatirlas”.
Megareforma tributaria
Las reformas para combatir al crimen serán parte del segundo gran paquete de medidas de su gobierno, luego de que el Congreso de Chile aprobara en julio casi la totalidad de una megarreforma legislativa que le otorga beneficios tributarios a grandes empresas y con la que el gobierno busca cambiar el rumbo económico del país. La última norma pendiente fue aprobada el martes por el Senado y ahora espera la revisión del Tribunal Constitucional antes de su promulgación.
La reforma aprobada incluye la rebaja de los impuestos a las grandes empresas del 27% al 23%; elimina la doble tributación para incentivar la inversión privada, libera del Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante 12 meses a la compra de viviendas nuevas y exime del pago de contribuciones de bienes raíces a las personas mayores de 65 años sobre su primera vivienda.
Tras el aval del Parlamento el texto final ahora deberá ser ratificado y promulgado por Kast, un proceso que aún podría extenderse por varias semanas. Ello porque el equipo económico del gobierno ya anunció que presentará al menos tres vetos al proyecto referentes a cambios incorporados por los legisladores al documento original.
De confirmarse las observaciones gubernamentales, el Congreso deberá volver a debatir dichas modificaciones y podrá aceptarlas, rechazarlas o insistir en el texto que ya había despachado.
El gobierno se opone a tres artículos del proyecto: el denominado derecho al olvido financiero, que busca limitar la consideración de ciertas deudas antiguas en las evaluaciones crediticias; la prohibición del anatocismo –el cobro de intereses sobre intereses– y las disposiciones destinadas a garantizar el pago a las pequeñas y medianas empresas en un plazo máximo de 30 días.
Asimismo, antes de que el proyecto se convierta en ley el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre al menos tres recursos ingresados por la oposición, que acusó diversas “irregularidades” en el proyecto y busca impugnar algunos de sus aspectos tributarios y medioambientales.
Entre los puntos más controvertidos destacan la invariabilidad tributaria y las compensaciones económicas destinadas a empresas que tengan proyectos negados por preocupaciones ambientales.
Agencias AP, AFP y Reuters
