La reciente aprobación en el Senado de los convenios de transferencia de competencias penales y del fuero de menores a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires configura un hito histórico y uno de los mayores desafíos jurisdiccionales de los últimos años, ya que viene a saldar una deuda pendiente con nuestra autonomía consagrada en el artículo 129 de la Constitución Nacional de 1994 y respaldada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En este proceso de transición y asunción de nuevas responsabilidades, desde el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contamos con una herramienta fundamental: la Ley 2.451 del Régimen Procesal Penal Juvenil. Se trata de una legislación de vanguardia que rige actualmente en nuestra jurisdicción que contempla, desde su génesis, derechos específicos en materia de niñez y adolescencia, vías alternativas de resolución del conflicto en concordancia con el corpus iuris de la infancia y medidas alternativas a la privación de la libertad.
Este acontecimiento coincide con un rediseño profundo del mapa judicial: la entrada en vigencia de la Ley 27.801 que establece el nuevo régimen penal aplicable a los/as adolescentes. La baja de la edad de imputabilidad y la extensión de la punibilidad a nuevas figuras penales implicarán, indefectiblemente, un aumento en nuestro volumen de trabajo por la incriminación de nuevas conductas.
Sin embargo, queremos ser claros: nuestro fuero se encuentra en plenas condiciones estructurales y operativas para absorberlo. Contamos con un fuero penal juvenil con especialización en la materia, con tecnología de vanguardia, equipos interdisciplinarios, programas de acompañamiento, seguimiento de medidas, espacios especializados de entrevista, dispositivos territoriales y una red de trabajo con jóvenes. Por su parte, tenemos también en el ámbito local centros socioeducativos y dispositivos cerrados. Todo ello conforma la estructura que ya se encuentra en marcha para afrontar los nuevos desafíos de la Justicia Penal Juvenil.
Mientras las urgencias de infraestructura han llevado a otras jurisdicciones a demorar la aplicación de estas normas, nuestro Poder Judicial no sólo está en condiciones de asumir estas nuevas competencias, sino que se encuentra en inmejorables condiciones para hacerlo. Esta solidez no es casualidad: es el resultado del trabajo del Consejo de la Magistratura local, respaldado por el esfuerzo diario de quienes sostienen el sistema: nuestros jueces y los indispensables equipos técnicos y operativos. Definitivamente, el fuero penal porteño no comienza de cero frente a este escenario; por el contrario, ya contamos con un ecosistema judicial en pleno funcionamiento operativo y de avanzada.
En tal sentido, se destaca un sistema acusatorio dinámico que ha reducido drásticamente los tiempos de resolución. Pero sabemos que la eficiencia procesal no basta si falta empatía. Por eso, nuestros magistrados trabajan conjuntamente con equipos interdisciplinarios -psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales- que abordan el conflicto sin perder de vista a los jóvenes y su condición de personas en desarrollo. Sólo durante este año, nuestra Secretaría de Infancias y Adolescencias acompañó más de 150 medidas penales juveniles, garantizando que su cumplimiento tenga un verdadero sentido socioeducativo.
La convergencia histórica entre la actualización del Régimen Penal Juvenil y el avance en las transferencias de competencias nos encuentra a la altura del desafío. Asumimos estas nuevas responsabilidades respaldados por una estructura operativa plenamente consolidada, que articula un sistema procesal dinámico, equipos interdisciplinarios y dispositivos de vanguardia.
El Senado de la Nación ha dado el paso que esta demora de tres décadas exigía. Al dar estricto cumplimiento al mandato constitucional, desde la Justicia porteña demostramos hoy que es posible equilibrar la firmeza y celeridad que la sociedad reclama frente al delito, con la empatía y el abordaje integral que nuestras juventudes necesitan para construir un futuro posible.
Presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
