LA PLATA. -El exintendente de La Plata Julio Garro (Juntos por el Cambio) fue imputado junto a otros exfuncionarios de esta capital por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y eventual afectación ambiental de incidencia colectiva.
La resolución fue adoptada por el fiscal Juan Menucci en una causa que investiga loteos ilegales para el desarrollo de viviendas en barrios cerrados.
Además de Garro, se investiga al exsecretario de Coordinación Oscar Negrelli; a la ex titular de Planeamiento Urbano María José Botta, y a la exdirectora general de Planeamiento Marcela Rogg.
La imputación por los loteos presuntamente ilegales no supone una declaración de culpabilidad, pero acelera la investigación por desobedecer -mediante resoluciones adoptadas durante la gestión local entre 2015 y 2023- una orden del gobierno de la provincia de no autorizar urbanizaciones sin la obligatoria convalidación legal y técnica vigente en perjuicio del erario público.
La exgobernadora María Eugenia Vidal ya había advertido de las limitaciones, pero el proceso presuntamente irregular continuó bajo la administración del intendente del Pro en esta capital.
La denuncia por la presunta estafa fue impulsada por el intendente Julio Alak mediante la secretaria de Justicia comunal Marina Mongiardino, que requirió investigar la omisión deliberada de controles necesarios para verificar el cumplimiento de requisitos legales y la facilitación de dichos desarrollos, que podría implicar la omisión de reiteradas objeciones por la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano, además de un avance de la urbanización sobre el cordón frutihortícola que podría implicar violación a las leyes ambientales.
Según la comuna, los loteos ilegales son aproximadamente 450 barrios con miles de lotes. Según Garro, los loteos que son objeto de investigación son nueve.
“Es una cadena delictiva”, opinó Alak cuando presentó la denuncia. Precisó que el municipio ya bajó más de la mitad amparado en el nuevo Código de Ordenamiento Territorial. Es decir: se frenaron los emprendimientos.
Pero otros tantos continúan a la venta.
Alak actuó advertido de que los damnificados van a ir contra el Estado municipal y contra los funcionarios. La causa inicial cayó en el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, que no avanzó en el procedimiento. El municipio pidió apartar al funcionario del Ministerio Público. Luego el caso pasó al fiscal Juan Menucci, que esta semana imputó al exintendente.
“No sacamos un desarrollo sin ordenanza municipal”, dijo Garro cuando se conoció la denuncia.
“Esta investigación comenzó en 2024- se precisó en el entorno de Garro- No encontraron nada. Como cambió el fiscal volvieron a notificar la imputación”, expresó un allegado.
“Nunca firmé un decreto por un barrio trucho”, dijo en su defensa cuando se inició la causa. “Yo estoy dispuesto a que me investiguen. Espero justicia”, dijo Garro a LA NACION.
Desde el municipio advirtieron que “la difusión de esta irregularidad va a evitar que se sigan vendiendo lotes en perjuicio de los ciudadanos”.
Julio Alak, que tras llegar al poder en 2023 dio de baja más de la mitad de los barrios ahora investigados, hará la presentación del nuevo Código de Ordenamiento Urbano aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante en la Casa de Gobierno de La Plata junto al gobernador Axel Kicillof.
