El juicio por la reestatización de YPF, que ya lleva más de 10 años de litigio en los Estados Unidos, suma un nuevo capítulo. Ayer, el fondo Burford Capital —que litiga en representación de los derechos de las empresas Petersen Energía, Petersen Inversora y la firma Eton Park— presentó formalmente la apelación ante la Corte Suprema norteamericana.
La presentación fue confirmada oficialmente por el Gobierno. Ante la consulta de LA NACION, en la Procuración del Tesoro ratificaron que los demandantes ya habían anticipado su intención de acudir al máximo tribunal de EE.UU., luego de que les rechazaran la revisión en banc en el Segundo Circuito de Nueva York.
Ayer, día en que vencía el plazo impuesto por la justicia norteamericana, “presentaron formalmente la petición” a última hora, apuntaron fuentes del organismo que lleva adelante la defensa argentina en el exterior.
“En la Procuración ya anticipábamos este escenario, ya estamos trabajando en la estrategia, suceda lo que suceda, y vamos a seguir ejerciendo la defensa de los intereses del Estado como nos han visto hacerlo hasta ahora, con uñas y dientes”, sentenciaron.
A mediados de agosto, el máximo tribunal judicial norteamericano extendió hasta ayer el plazo para que los fondos que perdieron el juicio por la expropiación de la petrolera nacional en Nueva York puedan presentar su recurso.
La apelación formal (conocida en la jurisprudencia estadounidense como writ of certiorari) es el último intento de los demandantes por revertir el fallo que sufrieron en marzo, cuando se revirtió íntegramente la sentencia original dictada por la jueza Loretta Preska y se evitó que la Argentina tenga que pagar una compensación por más de US$16.000 millones.
Sin tiempos definidos
En el ámbito judicial advierten que esta solicitud de certiorari no implica que el caso sea revisado, sino que la Corte Suprema tiene la potestad de decidir si toma la apelación o no.
En esta instancia, las estadísticas no juegan a favor de Burford, ya que los jueces supremos reciben entre 7.000 y 8.000 pedidos de revisión por período de sesiones, de los cuales acceden a analizar no más de 80.
Además, se suma la incertidumbre temporal: no existen plazos procesales para que la máxima instancia judicial norteamericana se expida sobre la aceptación o el rechazo de la petición.
Si bien los tribunales de ese país manejan estimaciones de tiempo habituales según el funcionamiento normal de la Corte Suprema, los expertos sostienen que la excepcionalidad de la causa YPF y la multiplicidad de factores únicos que la rodean sugieren que los estándares normales podrían no aplicar.
“Plan B” en el Ciadi
Ante este panorama en la justicia de EE.UU., Burford ya puso en marcha una estrategia paralela. Como contó LA NACION, notificó al Estado argentino que llevará el caso YPF al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
De esta manera, el fondo activó un tratado bilateral de inversiones que la Argentina firmó con España en 1991. Así, lleva el conflicto al tribunal arbitral del Banco Mundial, donde la Argentina tiene antecedentes negativos, con un 85% de las demandas con fallos en contra, como fue el caso de la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
En esta nueva ofensiva, los demandantes contarán con una ventaja proveniente del expediente original del juicio. Así lo decidió meses atrás Preska, quien desestimó los planteos de la Argentina para mantener la confidencialidad de las pruebas y autorizó a los fondos a reutilizar todos los datos obtenidos durante la investigación en los tribunales estadounidenses.
El proceso en el Ciadi, que tiene un período de 90 días para la constitución del tribunal arbitral, podría demorar entre cinco y 10 años y tiene carácter confidencial. Allí, el proceso iniciará desde cero, de acuerdo a los especialistas.
