La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió hoy seis años de prisión para los hermanos Pablo y Sergio Schoklender y para los exfuncionarios Julio De Vido, José López y Abel Fatala, al formular su acusación en el juicio oral por el desvío de fondos públicos destinados al programa de viviendas sociales Sueños Compartidos.
La acusación de la querella corrió en línea con la del fiscal Diego Velasco, quien en su alegato había solicitado la pena máxima prevista para todos ellos.
Los hermanos Schoklender fueron apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y, por ello, responsables de la ejecución del programa de viviendas sobre el que pesa la acusación por el desvío de fondos.
Al fundamentar el pedido, la representante de la UIF, Marianela Teich, sostuvo que ellos y el resto de los imputados montaron una “arquitectura delictiva” que constituyó “una maniobra sistemática de corrupción en la contratación pública”.
“La prueba producida demostró que los imputados Julio De Vido, José López y Abel Fatala desviaron intencionalmente la financiación de Sueños Compartidos”, sostuvo la abogada sobre quienes consideró como autores del fraude.
Para los exfuncionarios provinciales, Daniel Alfredo Nasif y Silvia Karina Nasif, Claudio Freidin y Carlos Castellano, la UIF pidió la pena de 4 años de prisión, en calidad de partícipes secundarios.
El programa Sueños Compartidos fue ejecutado a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que recibió los fondos mediante convenios con el Ministerio de Planificación que dirigía De Vido, las provincias o municipios, según el caso.
“La fundación fue el instrumento, el perjuicio patrimonial fue el resultado, y los ejecutores, organizadores y beneficiarios del desvío fueron Sergio y Pablo Schoklender”, afirmó hoy Teich. Y agregó: “La institución, la estructura operativa conducida y dominada por Pablo y Sergio Schoklender, fue la que montó este engranaje”.
La presidenta de la fundación, Hebe de Bonafini, también había sido enviada a juicio oral, pero murió en noviembre de 2022, antes del comienzo del debate, por lo que la acción penal en su contra quedó extinguida.
El eje de la acusación es que, entre 2008 y 2011, se habrían otorgado de manera irregular convenios para construir viviendas populares, sin licitación, mediante un esquema que involucraba a la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación, la Fundación Madres y provincias o municipios, según el caso.
Para el programa, el Estado destinó alrededor de $1295 millones. De ese total, según la acusación, la Secretaría de Obras Públicas, en manos de López transfirió más de $748 millones y de allí habrían sido sustraídos los $206 millones que pidió decomisar el fiscal, una cifra que representa más del 23% de la financiación.
Antes del receso de invierno, el fiscal Velazco y su auxiliar Juan Argibay Molina, habían solicitado también penas de entre 6 y 4 años para los involucrados.
“Fue un hecho de gran corrupción. No por el monto, sino por las estructuras administrativas que estuvieron involucradas, por las personas y funcionarios que estuvieron involucrados y por el tiempo que insumió la maniobra”, dijo el fiscal, que agregó: “La pena de 6 años aparece como escasa para retribuir a la sociedad”.
El juicio oral continuará durante todo el mes de agosto con los alegatos de las defensas y luego se conocerá el veredicto del Tribunal Oral Federal 5, integrado por Adriana Palliotti, Adrián Grünberg y Ricardo Basílico.
