PARÍS.– Seis años después de haber suspendido sus negociaciones de adhesión a la Unión Europea (UE), Islandia decidió que no las reabrirá.
Los islandeses rechazaron el sábado en las urnas por el 52,8% contra el 47,2% la propuesta del gobierno de retomar el diálogo con Bruselas. Esa ajustada votación cierra, al menos hasta 2028, un debate viejo de 17 años, que supone para el bloque un desengaño tanto simbólico como estratégico.
Según los resultados oficiales publicados por la radiodifusora pública RUV, la participación fue masiva. El 82,5% de los electores inscriptos acudió a votar para responder a una sencilla pregunta: “¿Deben reanudarse las negociaciones para la adhesión de Islandia a la Unión Europea?”. La primera ministra, Kristrún Frostadóttir, que presentó este referéndum como un “ahora o nunca”, había advertido que un “no” dejaría de lado la cuestión europea durante todo su mandato.
Su gobierno señaló que ahora corresponderá al Parlamento decidir si procede retirar formalmente la candidatura del país.
Paradójicamete, la votación se produce en un momento en que la posición estratégica de Islandia nunca había parecido tan frágil, debido al aumento de las tensiones en el Ártico y a las constantes amenazas de Washington sobre la vecina Groenlandia.
Muchos esperaban que ese clima empujara a los islandeses hacia la Unión, pero las cuestiones de soberanía económica terminaron imponiéndose sobre las de seguridad.
Si Islandia dijo que no, fue principalmente por una cuestión de pesca. La actividad pesquera, pilar de la economía islandesa y elemento constitutivo de su identidad nacional —sobre la cual Reikiavik pretende mantener un control exclusivo—, fue el núcleo de las tensiones.
La adhesión habría implicado someterse a la Política Pesquera Común (PPC), lo que fue percibido por los islandeses como una tutela de Bruselas sobre las aguas territoriales de ese país. El sector se movilizó con una intensidad inusual: el 90% de las empresas del rubro se oponían a la adhesión, a pesar de los esfuerzos de diplomacia realizados por Bruselas.
No obstante, la comisaria europea de la Ampliación, Marta Kos, había asegurado que las particularidades islandesas en materia de pesca y agricultura “se tendrían muy en cuenta”. Pero el peso económico del sector fue determinante: los productos del mar y la acuicultura representaron casi el 47 % de las exportaciones del país entre agosto de 2025 y julio de 2026.
Islandia, una pequeña nación insular nórdica de menos de 400.000 habitantes, cuenta desde las elecciones legislativas anticipadas de noviembre de 2024 con un gobierno inédito en muchos aspectos.
La Alianza Socialdemócrata (SDA), liderada por Kristrún Frostadóttir, se convirtió en la principal fuerza del Parlamento de 63 escaños (el Althing) con 15 bancas, superando por poco al Partido de la Independencia, la histórica formación conservadora.
La SDA formó una coalición con el Partido de la Reforma (Vioreisn), dirigido por Torgerd Katrín Gunnarsdóttir, y el Partido del Pueblo, encabezado por Inga Sæland, una alianza de 36 escaños que se destaca por reunir a tres partidos liderados por mujeres.
Frente a esa coalición proeuropea, la oposición agrupa al Partido de la Independencia, al Partido del Centro y al Partido del Progreso, tres formaciones tradicionalmente hostiles o reticentes a la adhesión, con una base electoral arraigada en las zonas rurales y el sector pesquero.
Para la UE, este “no” tiene repercusiones que van más allá del caso islandés. Islandia representaba el candidato ideal: un país rico, ya plenamente alineado con la normativa europea a través del Espacio Económico Europeo y de Schengen, y sin los conflictos en torno al Estado de derecho que arrastran otros procesos de ampliación.
Bruselas esperaba utilizar este caso como vitrina para hacer más aceptable, ante la reticencia de la opinión pública, la entrada de candidatos menos prósperos como Montenegro.
Este rechazo la priva de ese argumento en un momento de extrema fragilidad para su estrategia de expansión, que tiene dificultades para ofrecer resultados tangibles en Europa del Este, y justo cuando el bloque intenta demostrar su peso estratégico en el Ártico frente a una administración estadounidense decididamente agresiva en esa zona.
El hecho de que la amenaza estadounidense sobre Groenlandia no fuera suficiente para inclinar la balanza pone de manifiesto los límites del discurso de seguridad europeo frente al firme compromiso de Islandia con su propia soberanía.
Sin embargo, convendría matizar el alcance de este rechazo: los vínculos de Islandia con la UE a través del Espacio Económico Europeo y el espacio Schengen no cambian y el país sigue aplicando gran parte de las reglas comunitarias en su vida cotidiana.
Este “no” no rompe ningún puente existente. Simplemente cierra, al menos por varios años, la perspectiva de una adhesión plena, con todo lo que ello habría aportado a la Unión: un nuevo miembro rico, contribuyente neto al presupuesto europeo, sólidamente democrático y un anclaje reforzado en el Ártico en un momento en que esa región vuelve a ser un escenario de disputa de poder.
En definitiva, se trata de un revés diplomático y simbólico para Bruselas, pero no de una ruptura. La Unión Europea pierde la oportunidad de protagonizar una historia de ampliación exitosa, sin llegar a perder a un socio con el que las relaciones, en la práctica, permanecerán casi inalteradas.
