El Procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, instruyó a los fiscales para que impulsen el dictado de medidas cautelares sobre los bienes sospechosos de origen ilícito en casos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, evasión tributaria, contrabando y terrorismo.
Las cautelares permiten asegurar el decomiso de los bienes del corrupto o lograr eventuales sanciones como el cobro de multas y el pago de indemnizaciones, tras los juicios.
En una instrucción, Casal también les ordenó a los fiscales hacer “una exhaustiva investigación patrimonial y financiera simultánea y paralela al objeto procesal principal con respecto a todas las personas involucradas en casos graves de criminalidad económica”.
Se trata de una profundización de la doctrina de los decomisos anticipados de bienes, en general, se dictan después de las condenas que tardan varios años en llegar. Y está en el marco de recomendaciones de organizaciones como el Banco Mundial que prefieren que los corruptos devuelvan el dinero robado al Estado, más que cumplan condenas de prisión.
Mientras, el kirchnerismo bloquea en el Congreso el proyecto de ley de Extinción de Dominio que facilitaría estos decomisos.
Un caso emblemático es el de la ex presidenta Cristina Kirchner. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) la condenó a 6 años de prisión y dispuso el decomiso de 84.835 millones de pesos a ella y los otros condenados, cifra que será actualizada al momento en el fallo en que quede firme. El fiscal del juicio Diego Luciani estimó que el direccionamiento de licitaciones de obra pública a favor de Lázaro Báez implicó un robo de “mil millones de dólares” de bienes del Estado.
En sintonía con esta instrucción de Casal, la semana pasada, la fiscalía solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata el decomiso sin condena de bienes que estaban registrados a nombre de Myriam Reneé Chávez, la difunta madre del extitular del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y Minoridad (SOEME) y dirigente peronista Marcelo Balcedo, quien cumple una condena de prisión en Uruguay por lavado de dinero.
El pedido fue efectuado tras los alegatos vertidos en el debate oral en el que se investigan a los responsables de los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del sindicato SOEME. Y alcanza a dos inmuebles, dos vehículos, una embarcación, acciones de la firma Edigráfica S.A., dinero en efectivo y otros bienes que fueron incautados en un procedimiento, y que estaban a nombre de la mujer.
La resolución de Casal instruye a los fiscales a que “insten proactivamente” a los jueces a que dicten medidas cautelares sobre los bienes y, en caso de no individualizarlos, impulsen “las medidas necesarias en relación con esa finalidad sobre las personas investigadas” frente a todos los delitos investigados.
Resalta que las investigaciones patrimoniales y financieras deben promoverse “en los hechos vinculados a la criminalidad económica, principalmente corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, evasión tributaria, contrabando, terrorismo y su financiamiento”.
Señala al respecto que esta decisión institucional va en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para perseguir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, y remarca que “la obligación de cargar información en los sistemas informáticos deviene decisiva para la recolección de datos y la medición de las investigaciones financieras”.
La Argentina es parte del GAFI, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) y en noviembre próximo ese organismo internacional evaluará si la Argentina pasa a la lista gris de los países no cooperantes por la carencia de investigaciones sobre lavado durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
La instrucción de Casal resalta “la correcta y completa carga de datos constituye un pilar fundamental para cualquier estrategia orientada a combatir la delincuencia organizada y el recupero de activos, lo cual permite una visión integral y coordinada de los recursos involucrados en los delitos investigados”.
Para ello, el procurador encomienda a la Dirección General de Desempeño Institucional que realice un monitoreo continuo y detallado de la carga de esa información en el sistema de gestión de la Procuración General de la Nación.
“La orientación de estos esfuerzos confluye con el categórico propósito de la Procuración General para identificar y recuperar bienes vinculados o provenientes de actividades delictivas y, en términos generales, afianzar los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en múltiples convenios”, destaca.
Y puso como la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (ley 24.072); la Convención Internacional contra la delincuencia organizada transnacional y protocolos complementarios (ley 25.632); la Convención Interamericana contra el terrorismo (ley 26.023); y la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción (ley 26.097)”, argumenta el procurador en la instrucción general.
Recuerda al respecto que la medida es la profundización de una política institucional plasmada previamente en las Resoluciones PGN 129/2009 y 134/2009, que fueron en el mismo sentido, y la creación en 2014 de la Unidad de Recupero de Activos (URA) y la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC), luego convertidas, respectivamente, en la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) y en la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).
Y que el año pasado, por Resolución PGN 89/2023, creó la Secretaría de Investigaciones Financieras y Recuperación de Activos Ilícitos (SIFRAI), con el propósito de coordinar funcionalmente a la DAFI y la DGRADB.
En tal sentido, apunta que esas direcciones y otras dependencias de la Procuración General han elaborado y puesto a disposición de los integrantes del Ministerio Público Fiscal diversas herramientas de alcance general destinadas al apoyo técnico en la materia, como la Guía de Medidas Cautelares para el Recupero de Activos, la Guía de Investigación Financiera y la Guía práctica para la identificación, trazabilidad e incautación de criptoactivos, entre otras.
