El Gobierno inició el proceso de privatización de Corredores Viales S.A. en los términos del decreto 97 del 14 de febrero pasado.
Según fuentes oficiales, la resolución 1284, publicada hoy en el Boletín Oficial, es el resultado del trabajo conjunto entre la empresa, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Transporte, Vialidad Nacional y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. El objetivo fue concretar una propuesta sobre el procedimiento y la modalidad más adecuada para llevar adelante la privatización, distribuyendo los pasos a seguir entre los organismos involucrados.
De esta forma, la resolución establece, por ejemplo, que será tarea de la Secretaría de Transporte proponer la conformación de los tramos de la red vial nacional, efectuar un relevamiento del estado actual de esas trazas y de las obras de infraestructura a concesionar, informando su estado de avance y prioridad. También podrá rescindir aquellos contratos que no se consideren prioritarios, entre otras funciones.
A su vez, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas coordinará las medidas necesarias para licitar los tramos de la red vial nacional en un plazo de doce meses.
El decreto 9772025 dispuso la disolución de la empresa estatal, creada en 2017, y la adjudicación de contratos de concesión de obra pública a compañías privadas para los tramos viales bajo su administración.
Corredores Viales S.A. gestiona más de 6000 kilómetros de rutas, lo que representa alrededor de un tercio del tráfico total de la red troncal del país. Entre los tramos que estarán sujetos a concesión se incluyen importantes accesos y corredores en provincias como Tucumán, Jujuy, Salta, Buenos Aires y Mendoza, así como el peaje Ricchieri, que conecta la Ciudad de Buenos Aires con el acceso sur a la capital.
En abril pasado, el Gobierno también dispuso la intervención de Corredores Viales S.A. En un documento firmado por el entonces secretario de Transporte, Franco Mogetta, se detalló: “En atención al informe circunstanciado (…) se entiende adecuada la adopción de medidas urgentes tendientes a llevar a cabo una ordenada y completa investigación de la situación actual de la sociedad y promover las adecuaciones que permitan desarrollar el proceso de privatización y posterior disolución, sin comprometer las obligaciones contractuales asumidas por la empresa”.
Unos días después, la interventora Anastasia María de los Ángeles Adem despidió a 117 personas tras el reclamo de cuatro días en la autopista Ricchieri, cuando finalizó la concesión de Caminos Río Uruguay (Crusa) en la conocida “ruta del Mercosur”.
Corredores Viales es una de las compañías del Estado cuya posible privatización fue aprobada en la Ley Bases.
