El impuesto sobre los ingresos brutos es el más tóxico de todos los tributos.
Tiene un efecto devastador porque se aplica en cada una de las etapas del proceso productivo y se va repotenciando en el precio final. El consumidor paga más de tres veces la alícuota original, se va trasladando a precio incluso con el mismo impuesto. Afecta los costos de las empresas y la competitividad. Incide negativamente en las exportaciones porque se exporta el impuesto contenido en cada uno de los procesos que tiene el insumo que sale al exterior. No mide capacidad económica y hay que pagarlo aunque se venda a pérdida.
Por todo eso, debería ser el primero de los impuestos que habría que eliminar o reformular.
Lo recaudan 24 jurisdicciones, con distintas alícuotas y diferentes tratamientos, lo cual aumenta su complejidad. Justamente uno de los problemas actuales es la gran cantidad de regímenes de recaudación provinciales aplicables que van generando saldos a favor, porque se obliga al contribuyente a pagar por adelantado, antes de que se genere la obligación tributaria. De ese modo, las provincias se financian a tasa 0 y los contribuyentes se quedan con saldos a favor de muy difícil recupero, porque se les impone una normativa burocrática llena de laberintos para que puedan hacerse de ese dinero que les vendría muy bien como capital de trabajo. Además, existe un sistema de recaudación (Sircreb), que es perverso, por cuanto obliga a pagar el tributo con cada acreditación bancaria, con lo cual se obliga a las empresas a realizar un pago a cuenta antes de que se generen las ventas.
El de ingresos brutos debería ser el primero de los impuestos que habría que eliminar o reformular
Entre las jurisdicciones que más cobran por este impuesto, se ubica en primer lugar la provincia de Buenos Aires, que recauda casi la mitad de todo el impuesto sobre los ingresos brutos a nivel país. Le siguen Misiones, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán.
Su reformulación o eliminación no es sencilla, dado que el impuesto sobre los ingresos brutos recauda cerca del 4% del PBI y, como se señaló, las provincias se financian anticipadamente a través de su recaudación.
El Estado Nacional ya tomó conciencia de que se debe lograr una economía más competitiva y eliminó numerosos impuestos nacionales, pero no puede modificar las legislaciones provinciales y municipales ni la potestad de provincias y municipios de cobrar tributos.
Son los contribuyentes adquirentes quienes deberían exigir que los tributos sean informados en los comprobantes para que todos tomen conciencia de la incidencia que tienen los impuestos -entre ellos, ingresos brutos- en el precio de los productos. El Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, que obliga a informar en los tickets el impuesto al valor agregado y los demás impuestos indirectos que inciden en los precios, representa una oportunidad en ese sentido, pero lamentablemente son muy pocas las provincias que hasta el momento adhirieron a él: Chubut, Entre Ríos, Mendoza y CABA.
No hay dudas de que Ingresos Brutos es el peor de todos los impuestos, ya que afecta la actividad económica y la competitividad de nuestros productos. Es necesario contemplar su reformulación para salir adelante como país. En lo inmediato, es imprescindible eliminar los regímenes de recaudación anticipada que aplican las provincias antes de que se genere la obligación de tributar, para evitar la acumulación de enormes saldos a favor de muy difícil recupero, que ilegítimamente quitan capital de trabajo a las empresas.
