Una iniciativa para reducir del 21% al 10,5% el IVA que grava al huevo busca abrirse paso en el Congreso y podría debatirse en el marco del tratamiento del presupuesto. El diputado nacional del PRO Javier Sánchez Wrba trabaja en la propuesta junto con otros integrantes de su bloque y mantiene conversaciones con el oficialismo, sobre la base de un proyecto que Alicia Fregonese presentó en su anterior mandato, en 2020. El planteo apunta a equiparar la carga impositiva del huevo con la de otras proteínas animales. Según la industria, la medida provocaría una caída inicial de la recaudación, pero la formalización de la actividad permitiría cerrar el primer año con un saldo fiscal positivo de US$40 millones.
“Queremos discutirlo en el marco del tratamiento del presupuesto”, precisó Sánchez Wrba a LA NACION. El proyecto de Fregonese proponía reducir el IVA para los huevos frescos, líquidos, deshidratados y fecundados, así como para los ovoproductos. En sus fundamentos, advertía que la diferencia de alícuotas con otras proteínas animales alentaba la informalidad y sostenía que la reducción ayudaría a formalizar la cadena.
En el Congreso también hay un proyecto de los diputados entrerrianos Guillermo Michel y Marianela Marclay, de Unión por la Patria, que propone reducir al 10,5% el IVA de los huevos frescos y los ovoproductos. Y, además, estuvo dando vueltas una iniciativa del diputado de La Libertad Avanza, Andrés Ariel Laumann, pero no prosperó.
Desde la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia) respaldan la baja y sostienen que, además de aliviar la carga fiscal sobre el consumo, permitiría reducir la informalidad. Javier Prida, director ejecutivo de Capia, dijo a LA NACION que consideran que la reducción sería beneficiosa “para el país, para los consumidores y para los productores, principalmente los que están más formalizados”.
Los fundamentos de ambos proyectos señalan que la reforma fiscal de 2017 redujo al 10,5% la alícuota de las carnes de pollo, conejo, cerdo, camélidos y caprinos, para equipararlas con la bovina. El huevo y sus derivados quedaron fuera de ese cambio. La propuesta de Fregonese incluye huevos frescos, líquidos, deshidratados y fecundados, además de ovoproductos de todas las especies aviares comprendidos en las partidas arancelarias indicadas en el texto. La de Michel y Marclay contempla huevos frescos y ovoproductos, entre ellos huevo líquido, yema, albúmina y derivados deshidratados.
El peso del producto en la alimentación es uno de los argumentos del proyecto de los legisladores entrerrianos. Según sus fundamentos, que citan el Informe Productivo 2025 de CAPIA, la producción alcanzó los 18.970 millones de huevos, un 8,82% más que en 2024, y el consumo llegó a 398 unidades por habitante al año. Ubica a la Argentina como el mayor consumidor mundial de huevos y plantea que la equiparación permitiría competir con otras proteínas en igualdad de condiciones impositivas.
Para Prida, la diferencia de alícuotas se combina con una competencia desigual dentro de la propia actividad. “El productor que más o menos quiere hacer las cosas bien primero compite con otras proteínas que tienen el 10,5%. Además, puertas adentro del sector, compite con otros productores que cobran el 21% y no lo transfieren al Estado: se lo quedan”, afirmó. En esa línea, sostuvo: “Tenemos competencia desleal con distintas proteínas y también dentro del sector”.
El directivo contrastó las ventas a supermercados, empresas alimenticias y grandes superficies, que describió como operaciones “100% en blanco”, con circuitos de distribución en los que, según advirtió, se pierde la trazabilidad. “No hay ningún papelito, no hay ningún respaldo de factura; nada”, puntualizó sobre la trazabilidad del tributo.
El proyecto de Fregonese ya planteaba esa preocupación. En sus fundamentos vinculan la informalidad con la subdeclaración de pollas y ponedoras, y advierten sobre sus consecuencias fiscales y sanitarias.
Prida consideró que una alícuota menor reduciría el incentivo para evadir. “En cambio, con el 10,5%, es tan bajito el premio que es preferible ordenarlo, hacer las cosas bien y pagarlo como corresponde”, precisó. También vinculó la situación con las exportaciones, en las que, según explicó, los plazos de cobro y de recuperación del IVA contrastan con las ventas al contado en granja. “El mercado interno es mejor negocio y más informal que el externo”, afirmó.
Uno de los puntos de discusión es el efecto sobre las cuentas públicas. Al sector le hicieron llegar la preocupación del Gobierno por el costo fiscal inicial. Pasar del 21% al 10,5% provocaría una caída de la recaudación en una primera etapa, aunque la formalización permitiría revertir ese resultado al terminar el año fiscal.
“Todas las simulaciones que hacemos dicen que el Estado, en los primeros seis meses, va a perder alrededor de 70 millones de dólares de recaudación, pero en los segundos seis meses va a recuperar 110 millones de dólares. O sea que, en el balance, el Estado termina ganando 40 millones de dólares”, afirmó. Se trata de una proyección de Capia, basada, según Prida, en estimaciones de producción bruta y facturación con un precio base en granja bajo ambas alícuotas. Dijo que los cálculos fueron compartidos con los diputados y realizados con un estudio contable.
La diferencia entre el IVA de las ventas y el de algunos insumos es otro aspecto que el sector contempla. Según Prida, el maíz y la soja representan el 60% de los costos y tributan al 10,5%, al igual que la genética y las pollas recriadas. “Yo tengo una matriz de costos con el 80% al 10,5%. Después, el resto es del 21%”, explicó. Estimó que quedaría un crédito fiscal de entre 2,5 y 3 puntos y aseguró que el sector está dispuesto a resignarlo: “La industria, el sector productivo, está dispuesto a perder ese 2,5% o 3% para que esto se sincere y fluya”.
La expectativa de la cámara es que la reducción impulse la declaración de producción, insumos y trabajadores. “Va a haber que declarar más alimento y más empleados. O sea, se genera un circuito virtuoso”, sostuvo Prida.
