En Caucete parece que algunos creen que ser estafador es lo mismo que ser funcionario judicial con línea directa al WhatsApp. Una pareja —Cristian Segura y Laura Natalia Vargas Marín— decidió probar suerte con el emprendimiento más delirante del año: hacerse pasar por un juzgado usando un teléfono que efectivamente fue del Juzgado de Paz… pero hasta el 2020, cuando lo dieron de baja. O sea, estaban estafando con un número jubilado.
El método era tan berreta como ingenioso: agarraban a un infractor, le escribían por WhatsApp con tono solemne y le ofrecían “arreglar” la multa si hacía una transferencia inmediata. Y para tentar más, le aplicaban un “descuento judicial express”: pagá ahora y te sale más barato, como si el juzgado funcionara con promociones tipo 2×1.
La víctima, que por suerte tenía más neuronas que paciencia, pidió credenciales, documentos, algo. Nada. Ahí se avivó de que el cuento tenía más agujeros que una media vieja. Confirmó que el número ya no pertenecía al juzgado y mandó al demonio a los improvisados abogados del timo.
Cuando la Justicia citó a Cristian y Laura para imputarlos, ellos hicieron lo más lógico dentro de su carrera criminal: no se presentaron. Resultado: el juez Diego Manuel Sanz les bajó el martillo, los declaró rebeldes y ordenó su captura. Ahora sí, la pareja va a conocer de cerca cómo funciona un juzgado… pero sin WhatsApp ni descuentos.
