RÍO GALLEGOS.– Después de 30 años, la Legislatura de Santa Cruz aprobó hoy la restitución en el cargo de procurador general de Justicia a Eduardo Sosa, quien fuera destituido de su puesto hace 30 años por una reforma impulsada por Néstor y Cristina Kirchner sin respetar el principio de inamovilidad de los jueces.
Sosa nunca fue restituido pese a reiteradas órdenes de la Corte Suprema de Justicia de reponerlo en el cargo y su nombre se convirtió así en uno de los casos más emblemáticos de atropello a las instituciones y de desobediencia a los fallos del máximo tribunal.
La iniciativa, impulsada por el gobernador Claudio Vidal, salió por mayoría, con la fuerte oposición del kirchnerismo, y llega a menos de un mes de que la Corte Suprema respaldara la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, otra iniciativa del mandatario provincial.
“Después de más de treinta años, con la restitución del Dr. Sosa, en Santa Cruz cerramos una de las heridas institucionales más profundas de nuestra historia”, afirmó Vidal en sus redes sociales y detalló acerca de la reunión que mantuvo por su propia iniciativa con Sosa, antes de asumir como gobernador.
“En aquella charla escuché una historia que atravesó décadas de reclamos, fallos judiciales incumplidos y una profunda deuda institucional de la provincia. En ese encuentro asumí un compromiso de trabajar para que Santa Cruz encontrara una solución definitiva a una situación que nunca debió prolongarse tanto tiempo”, relató Vidal.
El proyecto para reponerlo en el cargo a Sosa fue enviado en octubre pasado a la Legislatura en medio de la fuerte disputa que mantenía el Poder Ejecutivo y Legislativo con el Tribunal Superior de Justicia. Ante la resistencia de los jueces cercanos al kirchnerismo a la ampliación del TSJ de 5 a 9 miembros -y a la restitución de Sosa-, el proyecto se mantuvo en comisiones ante la posibilidad que no prospere en el recinto.
En comisiones, la propuesta de Vidal sufrió un cambio para ajustarla a los nuevos tiempos y, si bien mantuvo el nombre de procurador general de Justicia, su autoridad será solo sobre el Ministerio Público Fiscal, sin alcance a la figura de los defensores públicos, como era en 1995, cuando su cargo se disolvió y quedó fuera de la Juticia. Ninguno de los actuales funcionarios judiciales correrá peligro en sus cargos, detallaron fuentes que escribieron la reforma judicial.
Sosa ejerció funciones al frente de la Procuraduría General de Justicia entre 1990 y 1995, cuando una reforma judicial -promovida por Kirchner con el aval de los diputados justicialistas encabezados por Cristina Kirchner- desdobló el cargo en dos –jefe de fiscales y de defensores– y a Sosa lo dejaron afuera sin respetar el principio de inamovilidad de los jueces.
“No somos conscientes de lo que significa perseguir la justicia por más de treinta años y pese a haber ganado la lucha nunca ser repuesto en el cargo, lo que hoy pasó repara las instituciones y la constitucionalidad en la provincia”, dijo a LA NACION la diputada Adriana Nieto, una de las espadas en temas judiciales de Vidal.
El abogado llevó su causa hasta la Corte Suprema, que ordenó en numerosas oportunidades la reposición en su cargo, pero el gobierno de Santa Cruz nunca acató el fallo. Incluso la Corte hizo responsable al entonces gobernador Daniel Peralta del cumplimiento de la disposición en un plazo inferior a los 30 días, le iniciaron una causa y terminó con una condena contra el exgobernador. Hoy Peralta es diputado, se alejó del kirchnerismo y tiene bloque propio. Y fue uno de los diputados que no votó la reposición de Sosa en el cargo.
Sosa, durante años, reclamó en soledad por el apartamiento inconstitucional del cargo. Ejerció desde el llano la abogacía, siempre manteniendo coherencia en sus dichos y sus acciones. Ayer recibió el llamado y a todos los atendió con la humildad y mesura que lo ha caracterizado a lo largo de estos años.
