Cuando el 1° de agosto de 2022, el fiscal Diego Luciani acusó a los Kirchner de haber instaurado en el país «una de las matrices más extraordinarias de corrupción» abrió así un camino muy complejo para la familia presidencial. Aquel día, el representante del ministerio público en el juicio conocido como «Vialidad» catalogó a Cristina como «jefa de una asociación ilícita» formada para (y dedicada a) robarle al Estado.
Porque si bien el 6 de diciembre de ese año los jueces condenaron a la expresidenta por un delito menor (administración fraudulenta), Luciani dejó un surco que luego retomó su colega ante la Cámara de Casación, Mario Villar, que insistió con la pena mayor de 12 años.
El siguiente paso también es conocido: el 13 de noviembre de 2024, los jueces del máximo tribunal penal volvieron a desechar el pedido de la Fiscalía, ratificaron la sentencia original, y el caso quedó listo para subir a su última instancia, la Corte Suprema de la Nación.
Este miércoles 16 de abril de 2025, la causa Vialidad volvió a ser noticia: el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, había recibido el recurso de Cristina para revertir el fallo. En paralelo, corre el reclamo de Villar, que le solicita a la Corte ir en sentido contrario y profundizar la pena.
¿Qué puede pasar ahora? Aunque en la Procuración, previsiblemente, el hermetismo sobre la decisión es total, en el mundo jurídico el pronóstico no es bueno para la expresidenta. «Si se sigue la lógica, Casal debería como mínimo confirmar lo que dijeron Luciani y Villar. Se supone que si como jefe hubiese visto algún desvío extraño, se tendría que haber corregido antes», explica una fuente que sigue minuto a minuto el caso.
La Corte, a través de una secretaría (no de sus ministros), se tomó tres semanas para definir si aceptaba opinar sobre el recurso de Cristina. Antes, analizó también otros pedidos que venían de exfuncionarios y empresarios condenados por el caso Vialidad. No hay precisión sobre los tiempos de Casal.
«Debería resolver relativamente rápido», especuló una fuente judicial. «No debería pasar de un mes», completó. Importante: lo que defina la Procuración no es vinculante. Es decir, así Casal diga que Cristina es inocente como argumenta su defensa o sugiera que hay que duplicarle la pena como reclama el fiscal general, los miembros de la Corte puede decidir en contrario.
Esta celeridad entre la confirmación de Casación y una eventual opinión del procurador Casal no significa, sin embargo, que la decisión de la Corte sea inminente. Ni siquiera está claro que vaya a ocurrir en este año electoral. Esta demora en los plazos (ganar tiempo) es por ahora la mejor estrategia judicial de la expresidenta.
«Una vez que Casal opine y esté consolidado el expediente, recién ahí se decidirá cuándo se pone a trabajar el secretario penal», amplía una fuente.
La Corte, se recuerda, se encuentra en una situación de funcionamiento particular: está integrada por sólo tres de los cinco miembros que prevé la ley. El presidente Horacio Rosatti, el vice Carlos Rosenkrantz y el vocal Ricardo Lorenzetti.
Tuvo un cuarto miembro de paso fugaz: Manuel García-Mansilla. El presidente Javier Milei lo había nombrado en comisión, pero cuando el Senado rechazó su pliego y en medio de una fuerte presión, terminó renunciando. Este jueves se oficializó su salida en el Boletín Oficial.
Ariel Lijo, el otro candidato de la Casa Rosada, no llegó ni a eso. Como se negó a renunciar a su cargo como titular de un juzgado federal, la Corte no le tomó juramento ni siquiera en comisión.
Por eso, para fallar, en el máximo tribunal hoy mayoría es sinónimo de unanimidad: se necesita que los tres jueces estén de acuerdo. Si no, se necesita llamar a conjueces para desempatar. Todas estas anormalidades, en general, implican mayores demoras.
El camino más rápido sería que Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti coincidan en rechazar los recursos de Cristina y el fiscal y dejen firme la condena. ¿Y si esto ocurriera después de una eventual elección de la exmandataria como diputada nacional, con los respectivos fueros? Igual debería cumplirla.
Cualquier otra decisión, ya sea para morigerar o agravar la pena, implicaría nuevos plazos judiciales y más tiempo para Cristina.
