No es un “debate institucional”, es una batalla política para ver quién manda.
El oficialismo intentará estirar tiempos y abrir espacios informativos hasta conocer los resultados electorales —porque saben que con el margen actual no tienen ni para empujar los proyectos.
La oposición, por su parte, no confía en el diálogo: exige que los DNU sean automáticamente derogados si no los ratifica el Parlamento en 90 días, y que un DNU rechazado por una cámara pierda vigencia incluso si sus efectos ya están en marcha.
El Presupuesto 2026 aparece como un esqueleto de promesas: proyectan una inflación del 10,1 %, un dólar a $1.423 en diciembre de 2026 y un superávit primario de 2 billones de pesos. Pero los números están tan ajustados que apenas cubren promesas dispersas para jubilaciones, salud y educación. La oposición ya denuncia que todo eso “no alcanza”.
Y ojo: quieren convocar al jefe de Gabinete, al presidente del Banco Central, a Luis Caputo —los que manejan las teclas del poder— para que respondan. Si se niegan, la oposición amenaza con emplazamientos y censuras.
El dato clave: el oficialismo no tiene los votos necesarios para asegurar dictamen ni aprobación plenas. Aquí no se trata de gobernar con soberanía, sino de negociar migajas con gobernadores “dialoguistas” y bloques camaleónicos.
