A más de un mes del doble terremoto en Venezuela, hay una escena, en la zona del desastre, que se repite: la de los chicos que intentan reconstruir una rutina en medio de la incertidumbre.
Algunos perdieron su casa. Otros ya no saben si volverán a la escuela donde estudiaban o con quién vivirán en los próximos meses.
Una de las personas que mejor entiende esos desafíos es Gloriana Faría, abogada de Cecodap, una organización venezolana que desde hace 42 años trabaja en la promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
En diálogo con LA NACION, Faría explica qué encontraron al recorrer las zonas afectadas, cuáles son hoy los principales riesgos para los niños y por qué no está claro cuándo terminará la emergencia en lo que concierne a ellos.
–¿Qué es lo que más les preocupa hoy respecto de los chicos que sobrevivieron al terremoto?
–Nos preocupa, sobre todo, que la emergencia no termina cuando una familia llega a un refugio. Muchos de esos campamentos funcionan en escuelas y, cuando empiece el próximo ciclo lectivo, probablemente deban trasladarse a otros lugares. Eso implica volver a romper una rutina que los niños recién empezaban a reconstruir. También nos preocupa qué va a pasar con la escolaridad, con el acceso a la salud y con la posibilidad de preservar la vida familiar. Y, por supuesto, la salud mental. Venezuela ya venía mostrando una fuerte afectación en este aspecto. Ahora, además del duelo por las pérdidas, aparece una enorme incertidumbre. Los chicos se preguntan dónde van a vivir, si podrán volver a estudiar o con quién crecerán si perdieron a sus padres.
–¿Qué errores suelen cometer los adultos (y también los medios de comunicación) cuando hablan con chicos que atravesaron una tragedia como esta?
–Uno de los principales errores es pedirles que cuenten inmediatamente lo que vivieron, sin haber pasado antes por un proceso de atención psicosocial. Eso puede convertirse en una forma de revictimización, porque obliga al niño a revivir una experiencia traumática antes de contar con las herramientas necesarias para procesarla. También creemos que hay que ser muy cuidadosos con la difusión de imágenes. Muchas veces una fotografía parece transmitir resiliencia o sensibilidad, pero también puede identificar a un niño para siempre con esa tragedia y, además, exponerlo a riesgos como la trata, el abuso o la sustracción. Además, la circulación indiscriminada de imágenes y denuncias puede incluso perjudicar la búsqueda de otros chicos. Hemos visto casos de niños que ya estaban protegidos con sus familias y cuyas fotos seguían viralizándose, lo que obligaba a los organismos de protección a revisar denuncias ya resueltas en lugar de concentrarse en quienes realmente seguían desaparecidos.
–¿Qué debería hacer el Estado para proteger a los niños durante esta emergencia?
–Lo primero es fortalecer la coordinación entre los organismos del Estado, las organizaciones sociales y el voluntariado. También creemos que los niños deben participar en las decisiones que afectan su vida. No alcanza con decidir por ellos; también hay que escucharlos. Otro punto fundamental es contar con datos confiables. Si no sabemos cuántos niños fueron afectados, cuántas escuelas quedaron destruidas o cuántas familias se separaron, resulta muy difícil diseñar políticas públicas adecuadas. Al mismo tiempo, es necesario reforzar la vacunación, prevenir posibles epidemias y garantizar la protección frente al abuso sexual, especialmente en el caso de niñas y adolescentes, que suelen enfrentar mayores riesgos dentro de los refugios. También debemos preguntarnos qué va a pasar con las escuelas, con los docentes y con los servicios básicos que necesitan esos establecimientos para volver a funcionar.
–Usted insiste en que los chicos también deben ser escuchados. ¿Por qué ese punto es tan importante en una emergencia como esta?
–El derecho a la participación no es un aspecto secundario. Es ahí donde el niño aprende a expresar lo que siente y también aquello que necesita. Escucharlos no solo fortalece sus derechos; también permite tomar mejores decisiones sobre su protección y su recuperación.
–Cuando terminen los rescates y desaparezcan las cámaras, ¿qué desafíos seguirán enfrentando los niños venezolanos?
–Ese es justamente nuestro mayor temor. Los terremotos no ocurrieron en un país que funcionaba normalmente. Venezuela ya atravesaba una emergencia humanitaria compleja, con problemas graves en salud, educación y protección de derechos. Ya faltaban docentes y había una fuerte afectación de la salud mental, además de problemas con los trasplantes de órganos en la niñez, deterioros en hospitales. Todo eso estaba presente antes de los sismos. Hoy existen fondos de emergencia, pero la pregunta es qué ocurrirá cuando esos recursos se agoten y la atención internacional se concentre en otra crisis. Por eso creemos que no hay que entender esta tragedia únicamente como la consecuencia de un terremoto. Los sismos agravaron problemas que ya existían y que probablemente se traduzcan en más separación familiar, nuevas migraciones, dificultades para garantizar la identidad de muchos niños y un deterioro aún mayor de su salud mental. Ese será el verdadero desafío de los próximos años.
