En un escenario que parecía más un ring que una audiencia pública, San Juan salió a jugar fuerte en el debate por la reforma de la Ley de Glaciares. Sin medias tintas, la provincia defendió la minería como columna vertebral de su economía y rechazó lo que considera un falso dilema: producción o ambiente.
Mientras en el Congreso el clima subía de temperatura —con protestas, críticas y acusaciones cruzadas—, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, puso sobre la mesa la postura oficial: acompañar la modificación de la ley y sostener que el desarrollo minero no es el enemigo del agua, sino parte de la solución.
El dato incómodo que sobrevoló toda la jornada fue otro: más de 100 mil inscriptos querían participar, pero apenas unos pocos cientos lograron hablar. El resto quedó mirando desde afuera, o grabando videos como quien deja un mensaje en un contestador institucional. El resultado: denuncias, enojo y amenazas de judicialización.
Desde San Juan, el argumento fue directo y sin anestesia; la provincia no puede darse el lujo de romantizar debates mientras lidia con su realidad geográfica. Desierto, cordillera y escasez de agua forman un combo que obliga a pensar en términos de supervivencia productiva. Y ahí, guste o no, la minería aparece como un jugador imposible de sacar de la cancha.
Fernández apuntó a desarmar lo que definió como una “dicotomía artificial”. Según explicó, el consumo de agua de la minería representa apenas una porción mínima frente a otros usos, como la agricultura, donde —según admitió— todavía hay enormes ineficiencias estructurales.
Pero el planteo fue más allá: la apuesta oficial no es solo defender la actividad extractiva, sino venderla como palanca de desarrollo. Infraestructura, empleo local y financiamiento para modernizar el riego son parte del combo que la provincia pone sobre la mesa para justificar su postura.
Del otro lado, el ruido no cesa. Organizaciones ambientalistas y sectores opositores advierten que la reforma podría abrir la puerta a actividades en zonas sensibles y debilitar la protección de reservas estratégicas de agua.
Así, entre gritos, números y sospechas, el debate por la Ley de Glaciares avanza como puede, tironeado entre el modelo productivo y la bandera ambiental, con una grieta que no es nueva… pero que cada vez se vuelve más profunda.
Porque en el fondo, la discusión no es solo sobre hielo. Es sobre poder, territorio y el viejo dilema argentino, crecer pero de que manera.
