La exprocuradora Alejandra Gils Carbó fue indagada este martes en el juicio oral por presuntas irregularidades en la compra, realizada durante su mandato, del edificio de la Procuración General de Perón 667, en el centro porteño.
Gils Carbó, acusada del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, pidió que se leyera su declaración indagatoria de 2017, dijeron fuentes judiciales, y no respondió preguntas del fiscal Marcelo Colombo ni de los jueces del Tribunal Oral Federal 8.
En aquel descargo, la exprocuradora negó haber tenido participación en la presunta maniobra para direccionar aquella licitación y apuntó contra Guillermo Bellingi, quien se desempeñaba como subdirector general de Administración de la Procuración y había tenido intervención en el proceso de contratación.
Bellingi, que murió antes del comienzo del juicio, era mediohermano del productor de seguros Juan Carlos Thill, que cobró una comisión de $3 millones por su intervención en la operatoria.
El juicio comenzó el 22 de septiembre. Investiga la adquisición, en 2013, del edificio donde funciona actualmente la Procuración General. Según la acusación, a cargo del fiscal Colombo, el proceso de contratación fue direccionado para beneficiar a la empresa vendedora, Arfinsa, mediante una maniobra que permitió el pago de comisiones millonarias a intermediarios privados.
Arfinsa pagó una comisión de $7,7 millones a la inmobiliaria Jaureguiberry por su intervención en la compraventa, y esta, a su vez, transfirió poco más de $3 millones a Thill por supuestas tareas de asesoramiento.
Los investigadores sostienen que el productor de seguros había tenido acceso anticipado a información sobre los pliegos y las fechas de la licitación a través de su medio hermano, que intervenía en el procedimiento de contratación desde la Procuración.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Eduardo Taiano, quien en julio de 2017 pidió la indagatoria de Gils Carbó cuando ella todavía era su jefa.
Junto con Gils Carbó son juzgados otros tres acusados: Thill, Bárbara Jaureguiberry, representante de la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, y Adrián González Fischer, exdirectivo de Arfinsa, la empresa propietaria del inmueble.
Todos llegaron a juicio acusados de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Como abogada, la exprocuradora Gils Carbó defiende en el juicio oral por los cuadernos de las coimas al empresario Gerardo Ferreyra, exvicepresidente y accionista de Electroingeniería.
