Dos meses después de que Javier Milei anunciara con un video en X la creación del Gemelo Social Digital y asegurara que la Argentina lideraría “el futuro social”, el proyecto perdió impulso. En el Ministerio de Capital Humano aseguran que no existen avances concretos para implementarlo y admiten que la iniciativa nunca terminó de desarrollarse.
“No hay nada. Era un proyecto”, reconoció a LA NACION una voz autorizada de la cartera conducida por Sandra Pettovello.
El plan consistía en utilizar inteligencia artificial para construir réplicas digitales de los ciudadanos a partir del cruce de bases de datos públicas. El objetivo era anticipar escenarios sociales y diseñar políticas antes de que aparecieran los problemas.
Según reconstruyó este medio a partir de distintas fuentes con conocimiento del proceso, el anuncio presidencial se produjo cuando el proyecto todavía no había sido evaluado en todos sus aspectos técnicos. Desde entonces, no hubo avances públicos ni definiciones oficiales sobre su puesta en marcha.
“Durante décadas el Estado reaccionó sin poder anticipar. Estamos entrando en una nueva era”, afirmaba la voz en off del video difundido por Milei el 22 de mayo. Pero el entusiasmo oficial contrastó rápidamente con las dudas que despertó la iniciativa. Especialistas y dirigentes opositores advirtieron sobre la arquitectura prevista para el tratamiento de datos sensibles, la falta de precisiones sobre el resguardo de la privacidad, el uso de algoritmos para proyectar comportamientos sociales y la eventual participación de empresas privadas en el procesamiento de esa información.
Exactamente un día después del anuncio, Milei recibió en la Casa Rosada a Peter Thiel, fundador de Palantir, una empresa especializada en big data e inteligencia artificial utilizada por agencias de inteligencia y fuerzas militares para identificar patrones. Esa cumbre profundizó los interrogantes sobre el alcance del proyecto.
Frente a las críticas, el Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado en el que aseguraba que el sistema utilizaría “datos anonimizados”, sería desarrollado por equipos de la administración pública y no implicaría contrataciones integrales con empresas privadas. También sostuvo que la metodología “no pertenece a individuos particulares o empresas”.
Sin embargo, el propio video difundido por el Presidente parecía ir en otra dirección. “Convocamos a los principales actores del mundo para construir el primer modelo global. Argentina reúne al mundo para innovar en política social”, señalaba el anuncio oficial.
Tampoco quedaba claro bajo qué estructura administrativa funcionaría el programa. En el ministerio lo definían como un “proyecto transversal”, sin precisar responsabilidades ni competencias. En el video, en cambio, aparecían como soporte dos plataformas que sí funcionan actualmente dentro de la cartera.
Una es el Sistema Social (SISOC), administrado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Según la documentación oficial, centraliza información vinculada a personas, familias y organizaciones alcanzadas por programas sociales e incorpora herramientas de inteligencia artificial para detectar inconsistencias, posibles fraudes y alertas tempranas.
La otra es el Sistema Integrado de Información Social (SIIS), creado por resolución ministerial para integrar e interoperar datos provenientes de distintos organismos públicos. Bajo la órbita del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el sistema tiene a su cargo la sistematización de información para la elaboración de estadísticas y el diseño de políticas sociales.
Aunque el Gemelo Digital Social parece haber quedado, por ahora, reducido a un anuncio, tanto el SISOC como el SIIS permanecen operativos dentro del Ministerio de Capital Humano.
Privacidad y “scoring social”
El anuncio generó una rápida reacción en el Congreso. En total se presentaron once proyectos -nueve en Diputados y dos en el Senado- para exigir precisiones sobre el funcionamiento del sistema.
Diputados peronistas también pidieron citar a la ministra al Congreso para exigirle explicaciones y, por último, presentaron una denuncia judicial para resguardar la información personal.
Los pedidos de informes se concentran en cuatro ejes: el sustento legal para el cruce masivo de bases de datos estatales; las garantías para proteger la privacidad de la información personal; el funcionamiento de los algoritmos que utilizaría el sistema y la eventual participación de empresas privadas o extranjeras en el procesamiento de esos datos.
Los legisladores también reclaman conocer qué protocolos de anonimización y seguridad informática estaban previstos y cómo el proyecto se adecuaría al reciente fallo “Torres Abad” de la Corte Suprema, que restringió el intercambio de datos personales entre organismos públicos sin consentimiento de los ciudadanos.
Otro de los puntos que concentra las preocupaciones es la posibilidad de que el sistema derive en mecanismos de “scoring social” o automatice decisiones sobre beneficios sociales sin supervisión humana efectiva. También se solicitaron precisiones sobre el presupuesto previsto, las eventuales fuentes de financiamiento y los mecanismos de control parlamentario y auditoría.
