El traslado de detenidos del Comando Vermelho bajo fuerte custodia marcó el cierre de una de las operaciones policiales más letales en la historia reciente de Brasil. Hasta este miércoles, el número de muertos ascendió a 132, incluidos cuatro agentes. informó la Policía Civil de Río de Janeiro, luego del megaoperativo que sacudió a los complejos de favelas Penha y Alemão.
La redada comenzó en la madrugada del martes y movilizó a unos 2500 agentes, entre policías y soldados, con apoyo de helicópteros, vehículos blindados y drones. El objetivo era capturar a líderes del Comando Vermelho —una de las facciones criminales más poderosas del país— y frenar su expansión territorial en la capital fluminense.
Las fuerzas de seguridad reportaron además el decomiso de 93 fusiles, granadas y más de media tonelada de drogas, junto con la detención de 113 sospechosos.
Las calles de Penha y Alemão amanecieron convertidas en un escenario de guerra. Tras los tiroteos, vecinos y familiares pasaron la noche transportando cuerpos en autos particulares y camionetas.
En la mañana del miércoles, los cadáveres —en su mayoría hombres jóvenes, muchos sin camisa— fueron alineados por los propios residentes en la plaza São Lucas, donde se montó un punto improvisado de identificación. Imágenes captadas por medios locales mostraron filas de cuerpos tendidos sobre el suelo y personas llorando, gritando “masacre” y pidiendo “justicia”.
La escena derivó en protestas espontáneas y cortes de calles. Los servicios de emergencia confirmaron que las morgues de la región están desbordadas y que se montó un operativo especial para el traslado de los cadáveres.
El gobernador de Río, Claudio Castro, defendió la acción y aseguró que el estado “está en guerra contra el narcoterrorismo”. El dirigente del Partido Liberal (PL) sostuvo que los enfrentamientos fueron “inevitables”.
Desde Brasilia, el Ministerio de Justicia respondió que las fuerzas nacionales ya fueron enviadas a Río “en once ocasiones” en los últimos meses, en el marco de pedidos formales del propio gobierno estadual.
El operativo desató escenas de caos en toda la ciudad: se suspendieron clases en escuelas y universidades, se bloquearon avenidas y se incendiaron autobuses utilizados como barricadas.
Videos difundidos por las autoridades mostraron incluso el uso de un dron armado por parte de los criminales, que habría lanzado un proyectil contra los uniformados.
La magnitud del despliegue generó preocupación internacional. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU pidió una investigación “rápida, independiente y transparente” sobre las muertes, mientras que Human Rights Watch y la Amnistía Internacional denunciaron posibles ejecuciones extrajudiciales.
“El uso excesivo de la fuerza en las favelas es una práctica reiterada y contraria a los estándares internacionales”, señaló la organización en un comunicado.
Río de Janeiro acumula un largo historial de operaciones violentas. En 2005, una redada en la Baixada Fluminense dejó 29 muertos, y en 2021 otra en Jacarezinho terminó con 28 fallecidos.
Pero la de esta semana supera ampliamente esos registros: es el operativo más mortífero desde que existen estadísticas oficiales en el estado.
Mientras las autoridades intentan retomar el control en las zonas más afectadas, las imágenes del traslado de los presos del Comando Vermelho —escoltados por decenas de agentes y vehículos blindados— recorren el país y reavivan el debate sobre la seguridad pública en Brasil.
En las calles de Penha, en tanto, los vecinos siguen reclamando por sus desaparecidos y esperando que las autoridades identifiquen a los muertos de lo que muchos ya llaman “la masacre de Río”.
Con información de Associated Press, AFP y Reuters
